Pasó casi 900 días presa desde que el 21 de marzo de 2014 fue a la guardia del Hospital Avellaneda, en Tucumán, porque se sentía mal, y terminó en la Unidad Penitenciaria Nº 4, la única cárcel de mujeres de esa provincia. En la guardia hospitalaria sufrió un aborto espontáneo, según le dijo el primer médico que la atendió. Pero luego fue acusada de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” y condenada a 8 años de cárcel. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales pidieron por ella. La última palabra la tiene la Corte Suprema tucumana.
En una entrevista con el diario Página 12, Belén, como se identifica a la joven condenada, pidió
“que ninguna otra mujer pase por lo mismo ni tenga miedo de ir a un hospital”. La causa en su contra se inició como “aborto seguido de presunto homicidio”, tipo penal que no existe. Se recaratuló como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”, a pesar de que no hay ninguna prueba que vincule el ADN de Belén con el del feto supuestamente encontrado en el hospital. “Yo no maté a nadie”, reafirmó la joven durante el reportaje.
“En el juicio escuché barbaridades. Mi defensora oficial me decía que no conteste. El último día hablé y dije la verdad. Hasta lo hice poner colorado al presidente del Tribunal, por las cosas que dije”, contó. Durante los cuatro meses de investigación judicial hubo serias contradicciones sobre la edad de gestación del feto, entre otras irregularidades. Pero sus dos primeros abogados defensores no se tomaron en serio su caso. Recién cuando se ocupó de su defensa Soledad Deza, de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, comenzaron a abrirse nuevas posibilidades. Y en los últimos días se sumó el dictamen del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, que consideró que “debe anularse el fallo” contra Belén y liberarla.
El caso de Belén sacudió al gobierno nacional, por las presiones de organismos internacionales de derechos humanos que exigen la anulación de su injusta condena. La decisión está en manos de la corte tucumana. La Defensoría General de la Nación y el Consejo Nacional de las Mujeres se presentaron como amicus curiae ante la corte tucumana y también diez organizaciones locales comprometidas con los derechos humanos –ELA, CELS, APDH, Cladem, entre otras– y el PO. Objetan la condena y piden su inmediata libertad. También lo hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El propio Mauricio Macri fue consultado sobre el caso Belén, en una entrevista para un medio mexicano. El presidente respondió que es "un tema muy delicado" y consideró que "a veces esos casos particulares lo llevan a uno a reflexión" pero insistió en que lo importante es defender la vida y que la despenalización del aborto no estará ni siquiera en agenda.
