Luego de la experiencia del 2015, en la que por primera vez hubo debates presidenciales (tanto en la primera vuelta como en el balotaje), el gobierno de Mauricio Macri enviará al Congreso el mes que viene un proyecto de ley para que a partir de las próximas elecciones presidenciales los candidatos estén obligados por ley a participar de un debate público con el resto de los competidores.
Así, si un postulante se negara a participar del debate, según el proyecto, cada uno de sus spots de campaña de ese candidato será acompañado por la transmisión del mensaje:
"El siguiente espacio ha sido cedido por la Dirección Nacional Electoral a una agrupación política cuyo candidato a presidente no cumple con la obligación de debatir".
Esta iniciativa, según informó La Nación, sería parte del paquete de leyes de reforma política que impulsará la Casa Rosada, entre las que se destacan
el sistema de boleta única electrónica, una simplificación del calendario electoral y un acuerdo federal para limitar las reelecciones de gobernadores e intendentes.
Al ser una reforma electoral, requiere para su aprobación de una mayoría agravada de la mitad más uno del cuerpo. Sin embargo, en el oficialismo son positivos en conseguir la aprobación de la oposición, ya que algunos partidos se mostraron a favor de estos proyectos.
Asimismo, la ley que el gobierno enviará al Congreso detalla que el debate previo a las elecciones generales debería hacerse dentro de los veinte días y hasta los siete días corridos anteriores a la fecha de los comicios. Si hubiese ballottage, sería dentro de los diez días previos a las elecciones. Además, dice que los apoderados de los partidos deberán arreglar sobre la modalidad del debate y que, de no hacerlo,
la decisión final la tomará la Cámara Nacional Electoral.
La transmisión sería por la Televisión Pública y la señal sería libre para que otros canales la levanten.
