Créditos La Nación
La ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, encabezó la reunión del CSI, en la ciudad rionegrina de Bariloche, donde
se habilitó el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones. Política Argentina entrevistó a
Manuel Trufó, doctor en Ciencias Sociales e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quién explicó las implicancias de esta nueva normativa.
En primer lugar se
“limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al orden público por encima de todo”. En este sentido “la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad”, señalan desde el CELS.
Por su parte Trufó explica que
“hay cuestiones muy problemáticas, de limitaciones del derecho a la protesta y también a la libertad de prensa”. “A la vez
es muy deficiente en lo que hace a la regulación de la actividad policial que es para nosotros el tema clave”, enfatiza.
En segundo lugar
el protocolo le da mayores facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Además no se prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego en las manifestaciones. Esta prohibición se había logrado en 2004 y fue puesta en la resolución 201/2011, en donde tampoco se permitía el uso de balas de goma para dispersar la protesta. Los policías pueden no utilizar uniforme ni identificación dado que no se les impone esa obligación.
“No solo es muy pobre en todo lo que dice, si no que no dice nada de la cuestión de las armas de fuego. En el protocolo anterior estaba prohibido que cualquier policía que participara de un operativo en un contexto de movilización llevara armas de fuego”, indica el especialista y agrega: “Tampoco dice nada de cómo deberían utilizarse las armas menos letales como las balas de goma que hasta ahora se podían utilizar como recurso de defensa de los propios efectivos en caso de verse amenazados pero no se podía utilizar para dispersar una manifestación”.
Respecto a las negociaciones con quienes realizan una protesta “no se dice nada sobre el diálogo”.
”Lo que dice es que se les va a avisar que no pueden cortar una calle y acto seguido se los va a desalojar”, señala Trufó.
“Se amplía las facultades policiales, porque llevar objetos contundentes, prender fuego, llevar un elemento químico o llevar pirotecnia son todos elementos que por el solo hechos de llevarlos ya constituyen una especie de delito que habilita a la policía a aislar, identificarla y eventualmente detener a la persona”, detalla el entrevistado.
“La policía es la que va a decidir si hace o no hace eso”, indican desde el CELS.
En este marco se habla de que prender fuego o usar elementos químicos es un delito contra el medio ambiente pero quienes deciden si es delito o no es la policía y “ni siquiera se necesita de una orden judicial”.
En tercer lugar en el caso del ejercicio del periodismo aparecen notables modificaciones respecto a la normativa anterior ya que los operativos policiales pueden “restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta”.
“En 2011, los periodistas podíamos cubrir la manifestación libremente. En 2016, vamos a estar en zona determinada”, expresa el periodista Ariel Lijalad a través de su cuenta en twitter.
Específicamente Trufó explica que ahora
es "la policía la que puede decir dónde ponerse y donde no".
"No solo afecta a la libertad de prensa y se limita el control que el trabajo periodístico hace. Con un protocolo como este, hoy el caso de Kosteki y Santillán seguiría impune, seguiríamos pensando que se mataron entre ellos como decía la policía”, enfatiza.
Por último añade que "nada de esto se discutió en el parlamento teniendo en cuenta que afecta derechos fundamentales de la democracia".
Desde el Ministerio de Seguridad señalan: “Respetaremos el derecho a manifestarse, pero también abriremos canales de diálogo para no llegar esta instancia. Si así sucediere, actuaremos dentro del marco de la ley, protegiendo a los ciudadanos de quienes, amparándose en el derecho a huelga, quisieran utilizar la violencia para descontextualizar el corte”.
Además explican que
“es necesario que entendamos que estamos juntos en la construcción de una Argentina con diálogo, que se respete y resuelva sus inconvenientes en una mesa de negociación”.
“La decisión está. La seguridad vuelve”, finaliza el comunicado del Ministerio de Seguridad.
