29.12.2015 / Tras la fuga de los condenados por el Triple Crimen
¿Qué implica declarar la emergencia en el Sistema Penitenciario Bonaerense y cuáles son sus consecuencias?
La Legislatura debatirá el proyecto presentado por María Eugenia Vidal. Conocé los 5 puntos principales de la propuesta y las observaciones del CELS y de Leandro Halperín, especialista en DDHH y Políticas Penitenciarias.
por Candela Villalibre
Luego de que los tres condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez se fugaran del penal de máxima seguridad de General Alvear, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, envió un proyecto a la Legislatura para decretar la emergencia en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por el término de 12 meses con el objetivo de "resguardar la integridad física y los bienes de todas las personas".
La funcionara consideró que en el hecho hubo complicidad por parte de los agentes del establecimiento. Es por eso el ministro de Justicia, Carlos Mahiques, puso como interventor del SPB a Fernando Díaz, quien remplazará a María Florencia Piermarini.
Sin embargo, rápidamente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) subrayó a través de un comunicado que este tipo de iniciativas no han resuelto los problemas que hace años afectan a ese sector y pidieron una reforma estructural que proteja los derechos de las personas privadas de su libertad. Si bien destacan que los fundamentos del proyecto identifican las falencias actuales, advierten que "muchas de las facultades que componen esta declaración pueden profundizarlos u orientar la política en un sentido contrario a la protección de derechos".
Además, Política Argentina se comunicó con Leandro Halperín, especialista en Derechos Humanos y Políticas Penitenciarias, para comprender cuáles son las implicancias de la declaración de emergencia. Asimismo, consideró que tomar esa decisión es un reconocimiento de la coyuntura y que "es un buen paso", aunque el desafío será ver cuáles son las políticas que se implementen a futuro.
A continuación, los principales puntos de la propuesta y sus observaciones:
1) Se autoriza al Ministerio de Seguridad y al de Justicia a adoptar todas las medidas necesarias en el marco de sus competencias y a ejecutar obras y suministros necesarios, quedando exceptuados de la intervención obligatoria del Consejo de Obras Públicas. De esta manera, se podrían realizar contrataciones sin licitación previa. Además, la cartera de Economía podrá hacer las adecuaciones presupuestarias respectivas.
2) Se faculta al Ministerio de Seguridad a celebrar convenios con personas públicas o privadas. En ese sentido, el CELS alertó que "no está claro el contenido de esa facultad, pero cualquier tipo de privatización hace ingresar a la política penitenciaria en una lógica de mercado" que tuvo resultados negativos en otros países.
Sin embargo, Halperín explica si esos acuerdos están referidos a servicios que el Estado puede tercerizar no hay ningún inconveniente, mientras no se trate del alojamiento, la custodia o el tratamiento de los detenidos.
3) Propone convocar a personal retirado de la Policía Bonaerense, como así también reasignar las funciones de los agentes y sus destinos, con el objetivo de resolver los problemas de disponibilidad.
Frente a este punto el CELS, detalló que esto permite el ingreso de personal que ha sido cuestionado sin que se puedan chequear sus antecedentes, por lo que es fundamental que la Legislatura "ponga alguna exigencia de antecedentes de idoneidad" para esa facultad.
En ese sentido, Halperín señaló que "no es solo una cuestion de cantidad, que hacen falta, sino de calidad", por lo que propuso revisar los legajos del personal. "En las cárceles se necesita más personal civil, hay que desmitalizarlas", agregó.
4) Crear una Comisión de Cooperación, Monitoreo y Seguimiento que evaluará las condiciones de detención y realizará las modificaciones procesales e institucionales que permitan potenciar el uso de "las alternativas de prisión, propender al uso razonable de la detención durante el proceso y brindar respuestas adecuadas frente al incremento de la cantidad de detenidos".
Actualmente, la provincia de Buenos Aires tiene un récord histórico de presos y se calcula que el 60% de ellos está bajo la prisión preventiva. Es por eso que el abogado penalista explicó en muchos casos la prisión es un exceso y "la prisión discontinua o la domiciliara podría ser una alternativa para remplazar el encierro". Por ejemplo, en el caso de mujeres madres que están detenidas por el delito de "mula" y esa pena agrava las causas que la llevaron a delinquir, que en la mayoría de los casos es la pobreza
5) Iniciar un plan de obras en los próximos 60 días que contemple la creación y reparación de las unidades carcelarias. Una de las principales problemáticas es el hacinamiento, por lo que Halperín sostuvo que no es concebible que esto ocurra en democracia y es el Estado el que debe defender la legalidad. "Si no hay lugar en las cárceles deberías privilegiar a las personas con condenas más largas", mientras que podría buscarse otra modalidad para aquellas personas que estén sin condena.
Por último, ante los desafíos que María Eugenia Vidal tiene en esta materia, concluyó: "El justicialismo gobierna la provincia de Buenos Aires desde 1987 y en materia de políticas penitenciarias su característica principal ha sido la violación de la ley. Su desafío principal es el de respetar la ley, eso sería un avance importantísimo".
Lo más leído
