
El abogado Gregorio Dalbón, querellante en la causa que investiga el caso $LIBRA, la criptoestafa que fue promocionada por el presidente Javier Milei y provocó millonarias pérdidas en inversores, solicitó al fiscal Eduardo Taiano congelar los activos financieros en Estados Unidos del mandatario y de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
Según el periodista Ariel Zak, "Dalbón pidió que se exhorte a Estados Unidos para que el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Comisión de Bolsa y Valores, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigaciones, más conocida como el FBI, remitan toda la información que allí obra, vinculada a la maniobra de la estafa con la criptomoneda $LIBRA". Además, agregó: "Este escrito fue incorporado hoy a la causa judicial en la República Argentina, luego de que el abogado Dalbón mantuviera una serie de encuentros en Estados Unidos: el principal de ellos con el abogado y exfiscal de Nueva York, Timothy Treanor".
La Cámara Federal de San Martín resolvió este jueves que el caso $LIBRA, en el cual se encuentra involucrado el presidente Javier Milei, deberá tramitarse en los Tribunales de Comodoro Py. Mediante una resolución emitida por la Sala I-SEC. Penal N° 1 señaló que la causa quedará en manos de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano. De esta manera, se desplazó a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien había reclamado la causa al referir que el tuit enviado por el jefe de Estado desde su cuenta oficial fue desde la Quinta de Olivos.
En el trámite de la vía impugnativa, el fiscal general "desistió de la práctica de la audiencia oral, expuso los motivos por los cuales la parte entiende que corresponde revocar la decisión adoptada en la instancia de origen y señaló distintos actos, a su criterio, no producidos y producidos en el proceso que otorgó el juzgado".
Entre los argumentos, señalaron que "el agente fiscal no impulsó de modo concreto y explícito la acción penal, que el juzgado realizó medidas en el expediente 'como si el impulso procesal otorgado por parte de la Fiscalía Federal N° 3 de CABA, resultara habilitante para que Jueces de ajena jurisdicción pudieran actuar en función de ello' y se quejó sobre la tardanza de la primera instancia para elevar este legajo de apelación a esta Cámara cuando 'la economía procesal y el evitar dispendios jurisdiccionales, imponían que la cuestión deba ser resuelta del modo más ágil posible'".