El juez federal Sebastián Casanello envía a juicio oral al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otros 17 referentes sociales. El expediente, que gira en torno al plan Potenciar Trabajo, tiene el inconfundible aroma de una operación política que busca disciplinar a las organizaciones que más activamente enfrentan el brutal ajuste del gobierno de Javier Milei.
Según la acusación, entre junio de 2002 y marzo de 2024 se habría montado “una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar” a beneficiarios de programas sociales. No sorprende que esta embestida judicial se apoye en el número 134, una línea habilitada por el Ejecutivo libertario para canalizar denuncias anónimas, en el marco de una campaña de estigmatización que desde el primer día apuntó contra los más humildes y quienes los organizan.
Casanello, que supo mostrar cierta autonomía en otros tiempos, se suma ahora al coro judicial-mediático que persigue a dirigentes sociales como Belliboni, a quienes se les achaca una supuesta defraudación por 50 millones de pesos, con facturas falsas y coacciones incluidas. Los delitos por los que se los juzgará son “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”.
Mientras Milei recorta partidas para comedores, elimina políticas públicas y le entrega el país al FMI, la Justicia parece tener otro objetivo: neutralizar la protesta social. No hay juicios para quienes fugaron fortunas, ni para los CEOs que se enriquecen con el hambre ajeno. Pero sí hay lugar para perseguir a quienes organizan la bronca en los barrios. Hay quienes piensan que el juicio contra Belliboni no es más que un nuevo eslabón en esa cadena de criminalización.