¿A lo Bukele?: Llaryora quiere una mega cárcel pero por las condiciones de detención en Córdoba son cuestionables

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, avanza con la construcción de un nuevo módulo de máxima seguridad dentro del complejo carcelario de Bouwer. La nueva cárcel, que albergará a mil reclusos, está diseñada con equipamiento de última tecnología, incluyendo cámaras con inteligencia artificial, inhibidores de telefonía celular, radares perimetrales y sistemas de derribo de drones. La medida busca reforzar una política de seguridad cada vez más respaldada a nivel nacional, especialmente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien expresó su apoyo rotundo al endurecimiento de la política represiva en la provincia.

En un contexto de creciente inseguridad y con el sistema penitenciario provincial al borde del colapso, la iniciativa del mandatario cordobés llega en medio de una crisis carcelaria que se profundiza con el aumento de la población penitenciaria, que pasó de 13.489 detenidos a más de 16.100 en tan solo un año. La justicia provincial ya ha intervenido al activar un hábeas corpus colectivo a favor de más de 80 detenidos en Bouwer, quienes viven en condiciones de hacinamiento extremas. Sin embargo, el gobierno provincial no parece dispuesto a frenar su plan. Junto con la mega cárcel, Llaryora anunció la construcción de una nueva alcaldía de 500 plazas y la incorporación de 500 tobilleras electrónicas para liberar espacio mediante prisiones domiciliarias.

Patricia Bullrich no solo respaldó la política represiva, sino que minimizó las críticas a la sobrepoblación carcelaria, pidiendo a los jueces que apoyen la lucha contra el delito. “Es un problema la cárcel, pero más problema es tener a los delincuentes afuera”, declaró durante su visita a Córdoba. Este tipo de postura genera un fuerte rechazo en la oposición provincial, donde figuras como Luis Juez y Rodrigo de Loredo cuestionan la eficacia de la estrategia y advierten sobre el desborde del sistema penitenciario.

En este escenario de tensión política y social, el gobierno de Llaryora enfrenta también un desafío profundo en cuanto a las causas que alimentan el incremento de detenidos. Según datos oficiales, más de la mitad de las personas detenidas en los últimos días no tenían antecedentes criminales, lo que refleja una transformación en el perfil de los encarcelados. El sistema carcelario de Córdoba, que cuenta con nueve establecimientos penitenciarios, sigue creciendo en infraestructura, pero las soluciones parecen cada vez más alejadas de atacar las raíces sociales del problema, como la pobreza y la creciente exclusión social.

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