06.03.2025 / EL DOCUMENTO
Los fundamentos de la Corte para decirle "no a la licencia de Lijo": la posición de Lorenzetti y García Mansilla
Esta decisión deja al magistrado en una encrucijada, ya que, de no contar con la aprobación del Senado para su nombramiento, podría verse obligado a regresar a su puesto original. Con este rechazo, la Corte reafirmó su interpretación estricta de la normativa constitucional sobre las designaciones y licencias dentro del Poder Judicial.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla fueron los que se opusieron al pedido, argumentando que no era posible que Lijo continuara en su cargo actual mientras asumía una nueva función en el alto tribunal. En cambio, Ricardo Lorenzetti, en minoría, había propuesto avanzar con el nombramiento sin exigir la renuncia al cargo que Lijo ocupa en la justicia federal. Esta diferencia de criterios refleja las tensiones internas dentro de la Corte y la interpretación de las atribuciones de los magistrados. Resulta llamativa además la posicion de García Mansilla quien también había sido propuesto por el gobierno de Javier Milei.
La solicitud de Lijo fue inicialmente aprobada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal mediante la Acordada n° 1/2025, lo que le permitió solicitar la licencia para poder ocupar el puesto en comisión en la Corte. Sin embargo, la Corte Suprema dejó claro que la decisión sobre la licencia recaía exclusivamente en ella, ya que se trataba de una licencia de excepción. El tribunal argumentó que no se podía permitir la doble investidura de Lijo como juez con acuerdo del Senado y juez en comisión, lo que violaría la doctrina establecida en el fallo "Daffis Niklison" de 1975.
La Corte resolvió que Lijo no podría asumir como juez en comisión hasta que renunciara formalmente a su cargo actual en el Juzgado Federal N° 4.
EN SINTESÍS
El máximo tribunal se atribuye la competencia exclusiva para otorgar licencias de excepción a los jueces, es decir, aquellas licencias no previstas en el régimen ordinario. La licencia pedida por Lijo, al no encuadrar en los supuestos ordinarios, es considerada una licencia de excepción, cuya concesión corresponde únicamente a la CSJN. Entonces, la Acordada N° 1/2025 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, queda sin efecto, ya que no es de su competencia otorgar dicha licencia. En este marco, La CSJN fundamentó su decisión en los artículos 108 y 113 de la Constitución Nacional, que le otorgan facultades de superintendencia sobre el Poder Judicial.
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