05.03.2025 / Política

El Gobierno eliminó los aportes obligatorios a cámaras patronales de las empresas

Mediante un decreto, que lleva las firmas de Milei y Sturzenegger, se estableció que cualquier aportación futura deberá ser voluntaria, en línea con la interpretación revisada de la ley. La decisión se tomó ante el reclamo de las cámaras empresariales.



 

El Gobierno nacional eliminó la obligatoriedad de que las empresas financien a las cámaras patronales mediante aportes o contribuciones compulsivas.

El decreto publicado en el Boletín Oficial, modifica la interpretación de la Ley 14.250, sancionada en 1953 y reformada en 2004, sobre los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. 

Anteriormente, las cámaras empresariales habían interpretado esta ley de manera expansiva para exigir a las empresas, tanto afiliadas como no afiliadas, el pago de aportes obligatorios. El decreto establece que los acuerdos colectivos de trabajo que imponían contribuciones a las cámaras empresariales a cargo de empleadores no asociados carecen de fundamento normativo. En consecuencia, ya no se podrán cobrar estas contribuciones a las empresas no afiliadas a las entidades.

Según fuentes oficiales, el mecanismo de cobro de estos aportes había generado controversia especialmente en sectores como el comercio, donde se estimaba que el sector mercantil debía abonar alrededor de $ 6.000 millones al mes por "actividades de capacitación". Las dos cámaras que recaudaban estos aportes eran la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las cuales recaudaban un 0,5% del salario mensual de cada trabajador, lo que representaba unos $ 5.000 mensuales.

Además del comercio, el sistema de cobro compulsivo de contribuciones también se había extendido a otras actividades, como la metalúrgica. En este sector, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) exigía un aporte obligatorio equivalente al 1% de la masa salarial, lo que representaba unos $ 2.500 millones al mes. Este esquema también había originado conflictos y demandas judiciales.

El nuevo decreto, por lo tanto, permite que las empresas que deseen continuar colaborando de manera voluntaria con sus cámaras puedan hacerlo, pero no tendrán la obligación de hacerlo. Además, el Gobierno determinó que no homologará acuerdos colectivos que incluyan la obligación de estas contribuciones, ya que considera que hasta ahora se había hecho una interpretación errónea de la ley que regula estos convenios.

La medida había sido solicitada por varias entidades gremiales empresarias del país, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), que apoyaron la eliminación de los pagos obligatorios.