La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, rechazó la presentación que había hecho la fundación Republican Action for Argentina para dejar sin efecto el pago que el país está obligado a hacer por la expropiación de YPF.
Según argumentó la magistrada en el fallo difundido por Sebastián Maril, la presentación de la ONG llegó fuera de tiempo y por eso fue rechazada. El plazo preestablecido era de un año.
La fundación le había pedido a la jueza que anule el fallo por el que condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford y Eton Park e investigue a los involucrados en la nacionalización de la petrolera argentina YPF.
La presentación fue hecha el pasado 17 de febrero y la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio.
La jueza enfatizó que la presentación pasado el año del inicio del caso no es válida y citó el caso D'Amato versus Deutsche Bank. Además, citó Restor-A-Dent Dental Lab'ys, Inc. v. Certified Alloy Prods., Inc., estableciendo que el interés del solicitante debe ser directo y no remoto o contingente.
El director de Research for Traders, Darío Epstein, apuntó: "Aquellos que vendieron pescado podrido y embarraron la cancha diciendo que iban a la salvar u$s16.000 millones, tengan un poco de humildad y llámense a silencio".
En ese sentido, agregó: "El tema es serio. No da que lo usen para operar políticamente".
En 2023, Preska condenó al Estado argentino por la decisión en 2012 de expropiar a Repsold el 51% de las acciones en YPF sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera de Argentina.
El caso se inició en 2015, cuando la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Estas dos sociedades antes pertenecían al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación en acciones del 25% de la empresa argentina.
El reclamo de Burford y Eton Park señala que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.