La
Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), echó a
Miriam Améndola, quien iba a asumir como coordinadora de Fiscalización Médica, luego de la polémica generada por
clasificar con de términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” a las personas con discapacidad al analizar su coeficiente intelectual (CI).
La Resolución 187/2025 obsoleta y repudiable del organismo a cargo de
Diego Spagnuolo—abogado personal del presidente Javier Milei—, dividía a las personas con discapacidad intelectual en tres categorías según su CI:
- 0-30 (idiota): Se describe a estas personas como incapaces de leer, escribir, controlar esfínteres o atender sus necesidades básicas.
- 30-50 (imbécil): Se afirma que pueden realizar tareas rudimentarias pero no leer ni escribir.
- 50-60 (débil mental profundo): Se les atribuye un vocabulario simple y la capacidad de realizar tareas básicas, pero sin manejo del dinero.
Ante la repercusión, el Gobierno anunció que daba marcha atrás con la norma, responsabilizó a Améndola y a su antecesora,
Tatiana Alvarado, quien participó en la redacción del documento pero dejó el cargo antes de su publicación. Si bien ante el escándalo
Spagnuolo reconoció la gravedad del hecho y aseguró que las personas responsables ya fueron desvinculadas,
la Resolución llevaba su firma.