El exsenador Edgardo Kueider presentó este martes un nuevo recurso de amparo para que la Justicia revoque su expulsión del Congreso nacional, en medio de las acusaciones por enriquecimiento ilícito en el país y en Paraguay por contrabando de más de 211.000 dólares.
“Vengo por la presente, en legal tiempo y forma, a interponer recurso de apelación en los términos del art. 15 y ccds. de la ley 16.986 y arts. 242 y sgtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -de aplicación supletoria-, contra la resolución de fecha 20/12/2024, notificada electrónicamente en igual fecha, a los efectos de que la Excma. Cámara revoque la resolución indicada”, menciona la presentación que Kueider hizo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
En la presentación del viernes pasado, el ex legislador había requerido la anulación de la sesión en la que fue expulsado del Senado. Según argumentó, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se encontraba en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional por la gira de Javier Milei.
Allí argumentó que Villarruel ejecutó dos funciones incompatibles entre sí según la Constitución Nacional y solicitó la restitución de su banca por haberse tratado de una votación irregular. Además, pidió resguardar su despacho tras la orden de allanamiento de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Los abogados de Kueider también plantearon que no se conformó una comisión para tratar su expulsión y que tampoco se le permitió hacer un descargo, es decir, ejercer su derecho a la legítima defensa. Se trata de dos instancias previstas en el reglamento de la Cámara.
“Acceder al planteo formulado por el demandante, implicaría la inaceptable declaración de la nulidad por la nulidad misma”, sostuvo el fallo en sus considerandos.
“Teniendo en cuenta la presunción general de validez que acompaña a todos los actos estatales y, por ello, toda ley se presume constitucional, toda sentencia se considera válida y todo acto administrativo se presume ajustado a derecho. Así, en virtud del mentado principio de legitimidad que fluye de todo acto emanado del Estado, ante un acto que no esté afectado de un vicio grave y manifiesto, es necesario para quien sostiene su nulidad, alegarla y –sobre todo– probarla”, remarcó la resolución firmada por el juez Enrique Lavié Pico.
