El reciente desembarco de Diego Kravetz como número dos de la SIDE, bajo la dirección de Santiago Caputo, no solo obedece a un interés de los sectores libertarios por desafiar al gobierno de Jorge Macri, sino que también revela una relación complicada entre los espías y la Policía de la Ciudad. De acuerdo a una nota de La Política Online, esta alianza, que mezcla intereses políticos y operativos, podría estar violando normas de inteligencia interior que rigen en la democracia, según alertan ex funcionarios y expertos en la materia.
Esta semana Diego Kravetz fue noticia por dos cosas. Primero por ser nombrado segundo en la SIDE y segundo por haberse conocido un video donde golpea a un adolescente. Cómo se filtró ese video es una gran pregunta.
Resulta que el conflicto interno en la SIDE, que involucra a la cúpula encabezada por el comisario general retirado Alejandro Pablo Cecati, se ha intensificado con el avance de Kravetz en la estructura del organismo. Cecati, quien tiene vínculos históricos con el controvertido Jaime Stiusso, ha mantenido relaciones cercanas con la Policía de la Ciudad, un hecho que ha generado fuertes preocupaciones legales. Según fuentes de la política, estas colaboraciones no cuentan con el respaldo legal necesario y pueden exceder los límites permitidos por la Ley de Inteligencia Nacional.
La situación se complica aún más al señalarse que Cecati nombró como jefe de gabinete a un empresario gastronómico con vínculos cercanos a la esposa del ministro de Seguridad, Waldo Wolff, lo que refuerza la percepción de una relación tóxica entre la SIDE y la Policía de la Ciudad. Este entramado también fue destacado en investigaciones recientes, como el asesinato del ciudadano uruguayo Fabián Sturn Jardón, donde agentes de la SIDE participaron en la investigación de un crimen vinculado al narcotráfico, sin contar con la debida autorización.
Además, de acuerdo a LPO,
la SIDE también habría intervenido sin justificación legal en la fuga de los once presos de la Alcaidía de Barracas, lo que genera aún más controversia sobre el papel que está jugando en el ámbito de la seguridad interna. Si bien el gobierno porteño asegura que los fiscales fueron quienes solicitaron la colaboración de la SIDE, la naturaleza de estos operativos conjuntos pone en evidencia los límites difusos entre las funciones de la policía y los espías, que no solo podrían estar vulnerando la ley, sino también generando un terreno fértil para el abuso de poder en el marco de la seguridad estatal.
