El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza,
Gustavo Castiñeira de Dios, cuyo tribunal emitió un habeas
corpus que exige a la dictadura de Nicolás Maduro informar sobre el paradero y las condiciones de detención del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo.
Durante una entrevista en Radio Mitre, Castiñeira de Dios destacó la rigurosidad jurídica del fallo, que busca garantizar los derechos humanos básicos del detenido. “El primer elemento que surge claramente es que
un tribunal de la República Argentina está exhortando a un Estado extranjero a cumplir, ni más ni menos, con las normas internacionales de derechos humanos. Es un acto judicial con toda la rigurosidad que ello implica”, afirmó el magistrado.
“No tengan la menor duda de que
este acto tiene plena validez ante tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso la Corte Penal Internacional”, remarcó Castiñeira.
El habeas corpus, emitido el pasado fin de semana por la Cámara Federal de Mendoza, llama al régimen chavista a informar de manera inmediata sobre los motivos de la detención de Gallo, el lugar donde se encuentra, y a presentar físicamente o por medios telemáticos al gendarme argentino ante una autoridad judicial para que pueda recibir asesoramiento legal y establecer contacto con su familia. Además, exhorta a Venezuela a cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
El caso de Nahuel Agustín Gallo ha generado preocupación tanto en Argentina como a nivel internacional. El gendarme fue detenido el 8 de diciembre cuando ingresaba desde Colombia por el puente internacional de Táchira. Según sus familiares, el objetivo de su viaje era visitar a su esposa y su hijo de dos años. Sin embargo, nunca llegó a encontrarse con ellos, fue detenido y es acusado en Venezuela de estar involucrado en supuestos “planes terroristas”. Desde su detención, el paradero de Gallo sigue siendo incierto y tampoco se respetan las garantía legales.
“La posición del Gobierno de Venezuela es insostenible jurídicamente ante cualquier organismo de derechos humanos”, sostuvo Castiñeira en sus declaraciones, y añadió: “El primer derecho humano esencial reconocido por todos los tratados internacionales es el derecho a la vida y a la libertad.
Tener a una persona detenida, sin saber en qué condiciones está, sin contacto con su familia, es una violación flagrante de derechos fundamentales”.
“Nosotros antes de resolver emitimos un oficio a Interpol, emitimos oficio a Cancillería para ver en qué situaciones estaba, qué se podía informar.
No hay ningún dato, no hay respuesta de ninguna manera. Es más, no sabemos si está vivo”, lamentó Castiñeira de Dios.
