La jueza federal
Sandra Arroyo Salgado rechazó hoy el pedido de eximición de prisión solicitado por la defensa del ex senador Edgardo Kueider y su secretaria,
Iara Guinsel Costa para que el proceso en su contra se lleve adelante fuera de prisión basada en “la sospecha razonable de que
el imputado podrá obstaculizar la investigación en caso de recuperar su libertad”. También señaló que el objetivo del pedido de extradición desde Paraguay es su detención a fines de indagarlo en el país y que se someta a derecho, ante el riesgo de una posible fuga en caso de que quede en libre en ese país.
Actualmente Kueider cumple prisión preventiva domiciliaria, junto a su secretaria, por el intento de contrabando de divisas cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil, en la madrugada del 4 de diciembre. Como la expectativa de pena en Paraguay por ese delito es relativamente baja, al ser en grado de tentativa, y allí no es funcionario público se preveen entre seis meses y dos años y medio de prisión,
la Justicia argentina teme que puedan ser liberados en cualquier momento.
En el pedido de eximición de prisión, su nuevo abogado
Juan Martín Cerolini - quien defiende también a Guinsel Costa - había argumentado que ambos “se encuentran a derecho en esta causa (por la de Securitas y la enriquecimiento ilícito que es conexa), pues han propuesto abogado defensor, se sabe fehacientemente donde se encuentran, y, siendo que la investigación comenzó antes de la detención en Paraguay sin media restrictiva alguna, jamás han eludido el accionar judicial ni lo han controvertido”.
Sin embargo, para la magistrada federal, “si bien se tiene en cuenta que poseería domicilio fijo en Argentina, se observa que la valoración objetiva y provisional de las características particulares del hecho en trato hacen presumir fundadamente que
en caso de recuperar la libertad en la República del Paraguay, intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación”. “El encarcelamiento durante el proceso penal -como toda otra medida coercitiva de carácter procesal- sólo procede para asegurar sus propios fines, esto es, la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal”, remarcó.
Arroyo Salgado dictó la resolución en la causa en la que la Justicia Federal se investiga al ex legislador por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En el escrito, se señala que
está imputado de “conformar una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras que configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado, a través de la colocación en el sistema financiero local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles, durante el período comprendido, en principio, desde inicios de 2017 y hasta el presente, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”.
En ese sentido, destacó su
condición de ex funcionario público y mencionó como delito precedente del lavado el cohecho, las negociaciones incompatibles con los cargos públicos que ocupó y el tráfico de influencias, incluidos en el requerimiento de instrucción del fiscal. “Debe ponderarse que la finalidad orquestada incluiría su enriquecimiento personal, por lo que se realza la necesidad de identificar e interrumpir los circuitos por los que transita o circuló el frondoso provecho ilícito,
siendo que la detención cautelar constituye un medio idóneo para evitar dicho cometido".
"El marco penal de la calificación legal aplicable a las conductas atribuidas a Kueider y las penas en expectativa previstas en el art. 303 del Código Penal (lavado de dinero) , claramente no quedaría absorbida por el primer supuesto del artículo 316 del CPPN -parámetro utilizado también análogamente para analizar las excarcelaciones- al tiempo que el mínimo legal previsto no permite avizorar la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional”, advirtió la magistrada en su resolución, en referencia a la pena que tiene ese delito, de 3 a 10 años.
Arroyo Salgado también rechazó la excarcelación que
Iara Guinsel Costa, la secretaria que acompañaba a Kuieder cuando fue detenido al ingresar a Paraguay con USD 211.000 sin declarar. La mujer está incluida en el pedido de la jueza de extradición para poder indagarla en el país.
La joven de 34 años está acusada en la Justicia Federal de lavado y asociación ilícita. Los investigadores sospechan que podría haber actuado como testaferro de Kueider.
