El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó al Congreso Nacional la creación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para el año 2025. Esta iniciativa surge ante la falta de recursos para cubrir las necesidades del sistema educativo universitario, cuya estimación de presupuesto asciende a $7,2 billones, mientras que el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno contempla solo $3,95 billones, una diferencia de $3 billones. La UBA, en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), destaca que este desfase pone en riesgo la sostenibilidad de las universidades públicas.
La solicitud de la UBA, hecha durante la sesión del 11 de diciembre, tiene como objetivo llamar la atención sobre la crisis del financiamiento en el ámbito educativo y pide una respuesta urgente por parte del Congreso.
"Diversos sectores de la sociedad, incluidos actores políticos, educativos, culturales, sindicales y empresariales, han instado a que se tomen medidas inmediatas para asegurar el financiamiento adecuado para las universidades públicas", afirmó la UBA en su resolución. Este reclamo se sustenta en la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a la educación y en la preservación de la calidad educativa en un contexto de creciente demanda y precarización.
En un gesto que subraya la importancia de la consulta ciudadana en la toma de decisiones, el Consejo Superior de la UBA también propuso al Congreso realizar una consulta popular vinculante para que los ciudadanos puedan refrendar el proyecto de ley. Esta propuesta se basa en el artículo 40 de la Constitución Nacional, que establece la posibilidad de realizar consultas populares vinculantes para validar proyectos legislativos. La UBA considera que, a través de este mecanismo, la ciudadanía podría expresar su apoyo a un modelo de financiamiento universitario que garantice el futuro de las universidades públicas.
Cabe recordar que en octubre pasado, una Ley de Financiamiento Universitario que había sido aprobada por el Congreso fue vetada por el Poder Ejecutivo, a pesar de contar con el apoyo de una mayoría amplia en la Cámara de Diputados. Este veto, respaldado por un tercio de los diputados, ha generado un profundo malestar en diversos sectores, que consideran que el Gobierno está desfinanciando un sector clave para el desarrollo del país. "La ley contaba con el respaldo de casi dos tercios de la Cámara de Diputados", recalcaron desde la UBA, lo que refleja un fuerte respaldo a la educación pública y la necesidad de asegurar una asignación presupuestaria acorde a los desafíos del sistema universitario.