El Ministerio de Capital Humano dio marcha atrás con la exclusión de 66 comedores comunitarios vinculados a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) del Programa Alimentar Comunidad. Esta reincorporación fue el resultado de un fallo judicial emitido por el juez Enrique Lavié Pico, quien ordenó al Ministerio cumplir con la medida en un plazo de 72 horas hábiles. Los comedores, administrados por la cooperativa "El Amanecer de los Cartoneros", habían sido excluidos en febrero, lo que generó un fuerte conflicto con las organizaciones sociales.
El litigio, que había comenzado a principios de año, fue impulsado por un amparo presentado por la UTEP y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Este fallo judicial fue celebrado por referentes sociales, pero no sin fuertes críticas hacia el accionar del gobierno. Desde la cartera de Pettovello defendieron la gestión: “Demostramos que nuestro obrar es siempre conforme a derecho, ratificando el compromiso asumido de honradez y eficiencia en la administración de los recursos”, aseguraron, aunque añadieron que 11 de los comedores solicitantes no fueron reincorporados por considerarlos inexistentes.
En paralelo, el dirigente social Juan Grabois expresó su satisfacción por la resolución, pero no dejó de cuestionar el accionar del Ministerio: “Un año para cumplir con esto; hasta que la amenazaron con desobediencia y multa, Pettovello incumplió sus deberes de funcionaria”, manifestó en sus redes sociales. Grabois calificó el fallo como “una pequeña victoria en un mar de crueldad”, haciendo referencia a lo que considera una política alimentaria insuficiente y despectiva hacia los sectores más vulnerables.
Por su parte, Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, destacó que esta resolución representa “el inicio de una lucha más grande para combatir el hambre y fortalecer a las comunidades”. Gramajo subrayó la importancia de la organización de los barrios populares como una herramienta esencial para enfrentar no solo el hambre, sino también otros flagelos como el narcotráfico. La resolución se inscribe dentro de una serie de conflictos judiciales recientes, en los que la justicia ha ordenado al Gobierno garantizar el acceso a alimentos a sectores vulnerables, aunque el Ejecutivo ha apelado algunos de estos fallos.
