El consejo directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) rechazó el desguace de ese organismo, que promovió el Gobierno Nacional con el anuncio de despidos masivos y la venta de edificios y campos del ente autárquico.
En concreto, se levantó la reunión sin que se produzca ninguna votación sobre la propuesta oficial del Ejecutivo. El lugar de reunión se desarrollaba bajo un imponente operativo policial, con decenas de efectivos rodeando el edificio, y una movilización de organización sindicales y trabajadores que coreaban “el INTA no se vende”.
Los consejeros reclamaron conocer los alcances del “plan de modernización” elaborado por el Gobierno y anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien prácticamente definió al organismo como una “aguantadero”.
Hasta donde se sabe, ese “plan” implica un virtual desguace y privatización del organismo creado en 1956, que desde sus inicios tuvo como objetivo “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”.
En la actualidad, el INTA cuenta con decenas de estaciones experimentales y agencias de extensión rural distribuidas a lo largo y ancho del territorio argentina para atender a los requisitos de los productores del sector, con 6.450 empleados, en su gran mayoría profesionales como ingenieros agropecuarios, forestales y en alimentos, veterinarios, genetistas, meteorólogos, zoólogos y biólogos, etc.
