De acuerdo a una nota de DiarioAr, la administración de Javier Milei viene llevando adelante un ajuste económico que, lejos de promover una distribución equitativa de los recursos, ha reforzado las desigualdades entre las provincias. Bajo el pretexto de la austeridad, las transferencias no automáticas prácticamente desaparecieron, dejando a muchas jurisdicciones en una posición crítica. Sin embargo, el gobierno no dudó en recurrir a la clásica política de "látigo y chequera", utilizando los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como herramienta para premiar aliados y consolidar su poder legislativo. Este manejo discrecional de los fondos demuestra una continuidad con las prácticas más cuestionables de los gobiernos anteriores, contradiciendo la narrativa libertaria de transparencia y meritocracia.
A pesar de contar con $515.226 millones disponibles en el fondo general de transferencias discrecionales, el Ejecutivo distribuyó solo $45.300 millones a un puñado de provincias cercanas al oficialismo, dejando al resto en una situación de incertidumbre financiera. Este reparto concentrado no solo evidencia favoritismos políticos, sino que también desatiende las necesidades urgentes de las regiones más vulnerables, donde la falta de recursos agrava la crisis social y económica.
La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores se ha convertido en un juego de poder en el que las provincias deben someterse al diseño fiscal del gobierno central o enfrentar un desfinanciamiento extremo. De hecho, el Presupuesto 2025 propuesto por Milei, que prioriza un corset fiscal riguroso, obliga a las provincias a asumir aún más ajustes, consolidando un modelo que centraliza recursos en la Nación mientras los territorios quedan a la deriva.
La falta de una estrategia coherente para coparticipar los recursos disponibles genera tensiones innecesarias con los mandatarios provinciales. Los reclamos de coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y de saldar deudas previsionales han sido ignorados por el gobierno, dejando a las provincias sin herramientas para garantizar el desarrollo y el bienestar de sus habitantes. Esta política de desatención profundiza las desigualdades territoriales y erosiona la cohesión federal del país.
El uso discrecional de los ATN, además, refuerza la dependencia de las provincias hacia el Ejecutivo nacional. Gobernadores como Hugo Passalacqua y Raúl Jalil, que han sido beneficiados con giros millonarios tras apoyar medidas legislativas clave para el oficialismo, son un ejemplo de cómo el gobierno ha transformado los recursos públicos en una herramienta de negociación política. Esta práctica contradice los principios de autonomía provincial y debilita las instituciones democráticas.
Según se detalla en el artículo de DiarioAr,
son diez las provincias que recibieron ATN en lo que va de gobierno de La Libertad Avanza. Misiones lidera el ranking con $13.000 millones, seguida por Entre Ríos, que obtuvo $6.800 millones. Las otras beneficiarias fueron Tucumán ($6.500 millones), Salta y Chubut ($4.500 millones), Catamarca y Santa Cruz ($3.000 millones), Santa Fe y Jujuy ($1.500 millones cada una), y Corrientes ($1.000 millones).
El enfoque de Milei no solo es moralmente cuestionable, sino que también resulta ineficaz a largo plazo. La falta de inversión en obras públicas, educación y salud en las provincias más postergadas no hace más que profundizar la brecha entre las regiones, hipotecando el futuro del país. Mientras el gobierno se jacta de una austeridad que aplica de manera selectiva, millones de argentinos quedan al margen de un sistema que debería priorizar el desarrollo y la equidad en lugar de perpetuar un modelo concentrador y excluyente.
