La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y otras organizaciones, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando,
denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno de Javier Milei por la “destrucción de las políticas sociales”.
“Para nosotros
el Gobierno de La Libertad Avanza representa un plan de miseria planificada, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria”, expresó en la audiencia el secretario general de la UTEP,
Alejandro Gramajo.
En las tres audiencias de ayer se denunció al Gobierno de La Libertad Avanza por “el desfinanciamiento y abandono de las políticas sociales”, se discutió “las políticas de memoria, verdad y justicia” y e
l abandono de los programas “para erradicar la violencia de género y promover la salud reproductiva en el país”.
En la primera audiencia específicamente los representantes de la UTEP, el CELS y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO), presentaron un informe “sobre la situación de los sectores más vulnerables”. Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, indicó que la pobreza aumentó un 11% en el primer semestre de 2024, mientras que la indigencia aumentó más de seis puntos. También sostuvo que “
el presupuesto para políticas alimentarias sufrió una caída real del 29% respecto al año anterior, afectando gravemente a comedores y merenderos comunitarios”. También recordaron la existencia de
alimentos sin entrega en galpones, incluyendo mil toneladas de leche en polvo, en un contexto donde siete de cada diez niños enfrentan problemas alimentarios”.
"La desfinanciación de la política de urbanización en asentamientos precarios, impactando a más de cinco millones de personas, casi la mitad de ellas niños y adolescentes”, sostuvieron.
Tania Espinoza Sánchez, de WIEGO,
subrayó la necesidad de que los Estados garanticen condiciones laborales dignas para todos y advirtió que reducir la protección social de los sectores más bajos “constituye un acto de discriminación”.
En tanto, Gramajo criticó “la pérdida sistemática de derechos sociales y el desacoplamiento del salario social complementario del aumento mínimo vital y móvil, congelado en 78 mil pesos, mientras que la canasta básica para una familia supera el millón de pesos”. “
La gran crisis humanitaria en Argentina necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales porque el avance del narcotráfico en el territorio argentino, y también la gran tasa de suicidios que aumenta en nuestro país, son productos del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”, relató el ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández en el ex Ministerio de Desarrollo Social.
Gramajo, cerró su exposición con la solicitud a los miembros de la CIDH de “que
puedan visitar nuestro país para hacer algún informe sobre la grave situación que estamos viviendo, que exhorte al gobierno a cumplir con los fallos judiciales que obligan al Gobierno a distribuir alimentos a los comedores y merenderos comunitarios”.
Por su parte, desde el Gobierno, el Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, buscó desmentir los dichos a través de un informe de 13 páginas en el que sostuvo: “
En el ámbito de la alimentación, el Ministerio de Capital Humano - a cargo de Sandra Pettovello - ha ejecutado un 82,43% del presupuesto destinado a políticas alimentarias, incrementando el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar”. “Estas medidas buscan cubrir la canasta básica alimentaria de niños y adolescentes, extendiendo la cobertura a más de 600.000 adolescentes previamente excluidos”, argumentó.
En esa línea, desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que ese 82.43% del presupuesto "destinado al Programa 26 de Políticas Alimentarias, lo que equivale a un total de UN BILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ARGENTINOS ($1.602) .935.825.368)”.
El documento también aborda la problemática de los comedores comunitarios, “donde se ha descubierto que más de la mitad de los registrados no existían. Actualmente, el Ministerio articula con 4.325 comedores registrados, capacitando a sus responsables para mejorar la transparencia y calidad del servicio”."El Ministerio enfrenta causas relacionadas con la interrupción del suministro de alimentos a comedores comunitarios. En una sentencia reciente, se reconoce que el Estado Nacional promueve la continuidad de los programas sociales, aunque se requiere depurar el Registro Nacional de Comedores (RENACOM) para asegurar su funcionamiento adecuado”, señalaron en el texto.
Sin embargo, antes de finalizar la audiencia,
las organizaciones sociales y políticas solicitaron a la CIDH “que exhorte al Estado argentino a cumplir con sus obligaciones de no regresividad en la formulación del presupuesto anual y en la definición de políticas fiscales, para garantizar los derechos a la vivienda digna, la alimentación adecuada y la salud para las comunidades más vulnerables”. También pidieron que una delegación de la CIDH “visite el país y elabore un informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina”.
