La inflación de octubre alcanzó un 2,7%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que representa el índice más bajo registrado en lo que va del año y la menor cifra desde noviembre de 2021, hace tres años. Este dato es un indicio de una posible estabilización económica en el país, destacando la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, cuyo plan de estabilización, basado en un superávit fiscal y la emisión cero, ha logrado reducir la inflación de un 25,5% en diciembre pasado a los actuales niveles.
El gobierno nacional celebró este avance, con voceros oficiales afirmando que "saluden a la inflación que se va", en un tono de optimismo ante la mejora en las cifras. La reducción de la inflación es uno de los principales logros que el oficialismo intenta destacar, en el marco de su estrategia económica orientada a restaurar la estabilidad tras años de alta inflación y crisis económica. Sin embargo, el alivio por la desaceleración de los precios podría verse empañado por otros factores que aún siguen preocupando a los argentinos.
Uno de esos factores es la actualización pendiente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Días atrás Política Argentina públicó una nota sobre este tema. Como señaló el periodista Leandro Renou, el gobierno de Javier Milei estaría retrasando la implementación de una modificación que podría reflejar una inflación más alta de lo esperado, lo que impactaría de forma negativa sobre el poder adquisitivo de los argentinos.
El titular del INDEC,
Marco Lavagna, viene insistiendo desde hace meses en la necesidad de actualizar la canasta de bienes y servicios que mide el IPC, ya que la actual data de 2004 no refleja los patrones de consumo de las familias en la actualidad.
La modificación en la medición del IPC implica, entre otras cosas, un cambio significativo en la ponderación de ciertos servicios, como la salud, el transporte y la educación, que hoy tienen un peso mucho mayor en el presupuesto de los hogares argentinos. Lavagna ha explicado que "la canasta de IPC de 2004 no representa la realidad actual de consumo, ya que no computa el peso real de los servicios". La implementación de esta nueva medición, aunque considerada urgente, podría provocar un aumento en la tasa de inflación registrada, lo cual es un tema sensible para el gobierno de Milei, que ha basado su discurso en la idea de que la recesión ha quedado atrás y la economía está en plena recuperación.
Aunque desde el INDEC aseguran que no hay intenciones de "cajonear" la nueva medición, la falta de claridad sobre cuándo se oficializará el nuevo IPC ha generado incertidumbre en los analistas económicos y el sector privado. A medida que el gobierno intenta sostener la narrativa de la recuperación económica, el temor es que una actualización del índice de precios podría evidenciar la persistencia de la inflación, afectando el poder adquisitivo de los trabajadores y la popularidad del oficialismo. En cualquier caso, la cuestión de la inflación sigue siendo uno de los principales problemas económicos que enfrenta el país, con altas expectativas del mercado sobre el comportamiento de los precios para lo que resta del año. .
