El ex presidente Mauricio Macri expresó este fin de semana su apoyo a la fiscal María Florencia Gómez, quien lleva adelante una inédita acusación en el país por el ecocidio de más de cien pingüinos en Punta Tombo, Chubut. A través de su cuenta en X, Macri destacó la importancia de este caso, que implica a Ricardo Adolfo La Regina, un estanciero acusado de destruir una de las colonias de pingüinos Magallanes más relevantes a nivel mundial, causando un daño ambiental irreparable.
El incidente se remonta a 2021, cuando La Regina, propietario de tierras cercanas a la Reserva Natural de Punta Tombo, intervino en el área con una retroexcavadora para abrir caminos y colocar un alambrado, sin autorización ambiental. Este acto dejó un saldo de 105 pingüinos muertos, 292 nidos destruidos y una gran pérdida de huevos y pichones, generando alarma entre organizaciones ambientales nacionales e internacionales. La fiscal Gómez, junto a Greenpeace y Fundación Patagonia Natural, asumió la causa y trabajó durante dos años en la recolección de pruebas, incluyendo estudios con drones y peritajes de fauna.
Macri, en su mensaje, resaltó la urgencia de una legislación que proteja los recursos naturales, criticando la “total indefensión jurídica” que sufren los ecosistemas en Argentina. Su respaldo a la fiscalía en este juicio marca un giro hacia una agenda verde que se aleja de la postura actual del Gobierno y la de Javier Milei, caracterizada por una menor inclinación hacia temas ambientales.
El exmandatario enfatizó en sus redes que "no hay posibilidad de que la vida humana prospere matando animales, contaminando el agua, talando bosques o agotando recursos". Esta declaración fue recibida con interés por sectores ambientalistas, quienes ven en este caso una oportunidad para que se consoliden avances en la justicia ambiental en el país.
Este lunes, la fiscal Gómez presentará su alegato, en una instancia decisiva del juicio. De confirmarse la culpabilidad de La Regina, el caso podría sentar un precedente importante en América Latina para el procesamiento de crímenes ambientales, reflejando el creciente reconocimiento del ecocidio como una amenaza urgente y digna de condena penal.
