El juez federal Julián Ercolini ordenó la citación a declaración indagatoria del ex presidente Alberto Fernández en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos. La medida, que también involucra a otros 38 acusados, marca un giro en las investigaciones judiciales sobre el gobierno del Frente de Todos. La audiencia con Fernández se realizará el miércoles 20 de noviembre en los tribunales federales de Retiro, en lo que será la primera vez que el ex mandatario enfrenta una citación de este tipo desde que dejó la presidencia.
De acuerdo a Noticias Argentinas, la causa se centra en un presunto esquema de recaudación y distribución de fondos públicos, ocurrido entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. Según la resolución judicial, Fernández y otros implicados habrían actuado "mancomunadamente en forma coordinada y funcional" para beneficiar a intermediarios en la contratación de seguros con la empresa "Nación Seguros S.A." En este marco, Los investigadores apuntan a que existió "una maniobra de direccionamiento de contratos de seguros" entre entidades estatales y la aseguradora, gestionada a través de la intermediación de particulares y empresas externas.
Según la imputación, "una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales", utilizando una red de intermediación con productores y organizadores privados. Esta estructura se habría diseñado para que los actores involucrados, directa o indirectamente, obtuvieran beneficios personales o para terceros. Además, se alega que en algunos casos se habrían designado a coaseguradoras privadas, sumando más complejidad al entramado.
El texto de la resolución judicial también apunta que funcionarios de "Nación Seguros S.A." habrían sido claves en la implementación de este esquema. "La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de ´Nación Seguros SA´ y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión", detalla el escrito, describiendo un supuesto interés en designaciones informales para favorecer a ciertas personas o empresas, mediante la inclusión de dividendos en las pólizas.
