De acuerdo a una nota de Ámbito, la falta de compromisos y las políticas libertarias están generando serias preocupaciones entre las pequeñas y medianas empresas al incumplir con pagos comprometidos que superan los $20.000 millones. Estas deudas corresponden a programas de apoyo que fueron concursados durante la administración anterior, afectando a al menos 370 empresas que habían confiado en el Estado para llevar adelante sus proyectos de exportación. A pesar de que Milei y su equipo afirman no incumplir contratos, la realidad muestra un panorama sombrío para muchas de estas compañías.
En el artículo se lee que desde finales del año pasado, se ha acumulado una significativa deuda con más de 300 empresas que obtuvieron Aportes No Reembolsables en el marco del Programa Potencia Pymex. Este programa, que buscaba impulsar las exportaciones, fue aprobado por un comité de evaluadores y técnicos que, curiosamente, aún forman parte del equipo económico actual. “No se ha firmado absolutamente nada más. No se ha sacado ningún pago y parece que no hay intención de hacerlo”, reveló una fuente interna a Ámbito en la nota firma da por Andrés Lerner.
Según la misma, los empresarios afectados están desconcertados. Muchos de ellos han recibido cerca del 40% de los fondos comprometidos, pero el futuro de los desembolsos es incierto. “El aporte del Estado es una zanahoria para avanzar con la inversión... nosotros presentamos las garantías, avanzamos con el proyecto, compramos las máquinas, incluso nos vinieron a inspeccionar y nos dijeron que estaba todo en orden, pero ahora no nos quieren pagar”, lamentó un industrial que prefirió permanecer en el anonimato. Este tipo de testimonios reflejan la falta de comunicación y respuesta desde la Secretaría PyME, que parece haber abandonado a quienes intentan generar valor en la economía.
El impacto de esta situación no solo afecta a las empresas individuales, sino que también plantea interrogantes sobre la continuidad del compromiso estatal. “Es normal que cuando hay un cambio de gestión se demoren los desembolsos, pero lo que está ocurriendo ahora no había pasado nunca”, señala un consultor con experiencia en la materia. Este incumplimiento por parte del Estado no solo vulnera la confianza en las instituciones, sino que también amenaza el desarrollo de sectores clave para el futuro económico del país, que van desde la metalurgia hasta la biotecnología y el sector vitivinícola.