El Gobierno modificó la normativa sobre el reconocimiento y la condición de los refugiados, en medio del pedido de Brasil de la extradición de 63 refugiados de la oposición brasileña que están prófugos en Buenos Aires, condenados por los ataques a los tres poderes en Brasilia en enero de 2023
A través del Decreto 942/2024, el Ejecutivo estableció que
no será “reconocida la condición de refugiado a las personas extranjeras que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: relacionadas con delitos internacionales, cuando existan motivos fundados para considerar que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad”.
Además, aclararon que
no se reconocerá “la condición de refugiado a quienes hayan cometido graves delitos comunes fuera del país de refugio antes de ser admitidos como refugiados en Argentina”. La condición de refugiado tampoco será reconocida a quienes hayan participado en actos contrarios a los fines y principios de las Naciones Unidas, tales como “
actividades terroristas, violaciones graves de derechos humanos o cualquier acción que comprometa la paz y la seguridad internacionales”.
El decreto lleva las firmas del grueso del Gabinete nacional: el presidente
Javier Milei, el jefe de Gabinete
Guillermo Francos; la canciller
Diana Mondino; y los ministros
Luis Petri, de Defensa; el de Economía
Luis Caputo;
Mariano Cúneo Libarona, de Justicia;
Patricia Bullrich, de Seguridad;
Mario Lugones, de Salud;
Sandra Pettovello, de Capital Humano; y
Federico Sturzenegger de Desregulación y Transformación del Estado.
En la publicación, se cita el artículo 20 de la Constitución Nacional, que otorga a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos, como ejercer libremente su industria, comercio y profesión. Sin embargo, se subraya que la Ley de Migraciones N° 25.871 regula las causas que pueden impedir el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. En particular, se menciona que graves razones de seguridad nacional o de orden público “pueden justificar la expulsión de personas reconocidas como refugiadas”, y que esta expulsión debe garantizarse hacia un tercer país que proteja al solicitante contra la devolución, expulsión o extradición.
La nueva medida del Gobierno de Milei empieza a tomarse como un guiño a Lula Da Silva, en medio del conflicto con Brasil por el caso de los 63 militantes bolsonaristas, ya que varios de ellos solicitaron asilo en Argentina. La diplomacia brasileña ha estado en contacto con el Tribunal Federal de Brasil (STF), que emitió la orden de extradición y la remitió al Itamaraty y a la Embajada de Brasil en Argentina.
En si,
el Gobierno brasileño envió un pedido formal al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina para la extradición de estos militantes y activistas identificados con Jair Bolsonaro, quienes residen en Argentina como refugiados o ingresaron de manera irregular al país para evitar ser detenidos. Por ahora, la diplomacia argentina maneja el tema con cautela.
