Una multitudinaria manifestación se está llevando a cabo frente al Congreso, convocada por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu). La protesta comenzó a las 13:30 y se realizó en el marco del debate en el Senado del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con media sanción de Diputados.
El acto de protesta, respaldado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA, surgió como respuesta a la preocupación por el posible veto del proyecto por parte del presidente Javier Milei, quien ha anticipado su rechazo si la ley supera el proceso legislativo. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, dejó en claro la postura del Gobierno: “No vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal”.
La movilización tiene como objetivo presionar a los legisladores para que aprueben la ley, que busca asegurar un financiamiento sostenible para las universidades nacionales y una recomposición salarial para el personal educativo superior. En los últimos meses, los salarios de los docentes universitarios han sufrido una pérdida de entre el 35% y el 55% de su poder adquisitivo, según el Consejo Superior de la UBA. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, subrayó la urgencia de aprobar la ley para evitar un mayor deterioro en las condiciones laborales y salariales. “Muchos docentes están dejando de dar algunas horas en la universidad para dictarlas en otros ámbitos donde la remuneración ha sido mejor ajustada a la inflación”, advirtió.
El proyecto de ley, presentado por la Unión Cívica Radical (UCR), busca declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el próximo año. La propuesta establece que el 85% del presupuesto se destine a gastos salariales y el 15% restante a gastos generales y de funcionamiento. Además, la ley incluye una fórmula de actualización bimestral basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la variación del tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos, con el fin de asegurar que los fondos para el funcionamiento universitario se mantengan adecuados a la inflación y a las condiciones económicas.
