Con mucha rosca, negociaciones frenéticas y discusiones a lo largo de varios días, gobernadores de todo el país reeligieron este martes a Ignacio Lamothe al frente del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Lo hicieron a través de una elección en la cual el dirigente logró el apoyo unánime del peronismo, extracción política a la que pertenece, pero también con el respaldo clave para inclinar la balanza a su favor de fuerzas provincialistas. Por su parte, un grupo de mandatarios de Juntos por el Cambio no pudo imponer a su aspirante, Sebastián García De Luca, pero le consiguió una de las direcciones.
El evento en el cual se dio la elección se realizó en la sede del CFI, ubicada en el barrio porteño de Retiro, desde las 10 de la mañana. Estuvieron presentes los 22 jefes provinciales que integran el organismo -del cual no forman parte la Ciudad de Buenos Aires y San Luis-, y definieron la continuidad por otros cuatro años del actual director del espacio.
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, lideró junto a Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja) el bloque de peronistas que empujaban la continuidad de Lamothe, ante la resistencia que ofrecían el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), quienes presionaron por un pliego de condiciones para hacer lugar a la continuidad del actual titular y por eso colocaron a García De Luca como uno de los directores.
Dicha resistencia no aguantó ni alcanzó porque un grupo de mandatarios patagónicos inclinaron la balanza hacia el actual presidente del CFI. Alberto Weretilneck, de Río Negro, y Rolando Figuero, de Neuquén, se pronunciaron en ese sentido y desequilibraron el escrutinio.
Al grupo de los PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan); los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy); y el cordobés, Martín Llaryora, y el santacruceño Claudio Vidal, se impueso el peronismo con sus aliados privincialistas al reunir 12 voluntades.
En cuanto a la forma de elección, el CFI tiene un acta que establece que el Secretario General tiene un mandato de cuatro años y es designado por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea. Cada provincia tiene un voto. Si ningún candidato obtuviera dicha mayoría, se vuelve a elegir y si tampoco se lograra, se realiza una tercera compulsa en la que hay un ganador sí o sí por simple mayoría.
El CFI en tanto organismo es estratégico porque permite concentrar la gestión de las negociaciones entre gobernadores y porque administra discrecionalmente una caja de alrededor de $ 100 mil millones que sirve para costear proyectos de desarrollo. Es controlado por los 24 gobernadores y se financia con un porcentaje de fondos coparticipables.
