Docentes universitarios paran y marchan hacia el Congreso Nacional este jueves a favor del proyecto de
Ley de Financiamiento Educativo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y será tratado en el Senado la próxima semana.
El paro docente de 24 horas fue convocado por la
CONADU Histórica, uno de las federaciones más representativas a nivel nacional en las 61 universidades públicas de todo el país. La medida de fuerza se suma a los ya más de cinco días sin clases que se acumulan desde el 12 de agosto cuando comenzó en forma total la actividad académica en las universidades.
"Con la Conadu Histórica, l
a AGD llama a parar y movilizar al Congreso para reclamar su aprobación. Ni la repercusión pública de la situación universitaria, ni estos debates en el Congreso, ni las manifestaciones de las gestiones universitarias, ni esta ley que ahora está en tratamiento, nada de eso hubiera existido sin los paros y la movilización docente, estudiantil y no docente del primer cuatrimestre, y sin el plan de lucha que amenazó con la paralización de los colegios preuniversitarios y las universidades", expresó en un comunicado la Asociación Gremial Docente de la UBA.
Y agregaron: "Por eso mismo, votamos y seguimos reclamando tanto la continuidad como la profundización del plan de lucha. Seguimos reclamando una
nueva y masiva movilización para conquistar nuestro derecho a la recomposición salarial. Mantenemos nuestra exigencia a las centrales sindicales para que convoquen a un paro general y un plan de lucha".
En caso de que la ley no se apruebe, la CONADU Histórica definió llevar al Frente Sindical de Universidades Nacionales la propuesta de
coordinar un paro nacional de 72 horas para la semana del 9 septiembre con acciones visibilización.
El proyecto impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) que pudo agrupar las voluntades del bloque de Encuentro Federal, de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, dispone
un mecanismo de actualización salarial según el índice de precios al consumidor (IPC) para el salario de los trabajadores docentes y no docentes de las 61 universidades nacionales. El incremento dispuesto, además, implica el reconocimiento y recomposición de los haberes desde noviembre de 2023 al presente período durante el cual los trabajadores de las universidades resignaron más de un 40% de su poder adquisitivo.
Se trata del sector con la peor caída del salario real incluso por detrás del conjunto de los empleados públicos que perdieron poco más de un 18% desde que comenzó la gestión libertaria.
El presidente
Javier Milei ya adelantó el veto, como hizo con la movilidad jubilatoria, a la Ley de Financiamiento en caso de que el Senado la apruebe. Ante ese potencial escenario las universidades podrían volver a convocar a una movilización multitudinaria como la de abril.
