En una jornada cargada de tensiones, el Consejo de la Magistratura elevó este miércoles una nueva serie de ternas clave para la cobertura de vacantes judiciales, mientras el Ejecutivo y el Senado miran con cautela el avance de las nominaciones. Con 62 ternas elevadas hasta ahora en 2024, el organismo de selección de jueces enfrenta presiones adicionales para abordar un stock acumulado desde el inicio del año, en medio de intensas negociaciones para los cargos de la Corte Suprema.
Entre los temas que sacudieron la sesión, los cruce políticos no tardaron en manifestarse.
La bancada kirchnerista dirigió duras críticas hacia la jueza Agustina Díaz Cordero, cuestionando su presunta implicación en un grupo de chats con diputados de La Libertad Avanza (LLA) que, según la acusación, habrían buscado estrategias jurídicas para suavizar condenas de genocidas. Ante estos cuestionamientos, Díaz Cordero se limitó a responder que "voy a contestar por escrito", evadiendo una respuesta inmediata.
Además,
el plenario del Consejo aprobó el presupuesto para 2025, que contempla más de $2 billones para la manutención y salarios del Poder Judicial nacional y federal. Este monto desató nuevas alertas, especialmente tras las advertencias del representante del Poder Ejecutivo, Sebastián Amerio, quien expresó dudas sobre la viabilidad del presupuesto ante Luis Caputo. El presupuesto, criticado por su desajuste con la política fiscal general, muestra una ampliación de partidas en contraste con la política de ajuste del Gobierno.
Finalmente,
la sesión también fue marcada por un rechazo casi unánime a la represión policial durante una manifestación de empleados judiciales, pertenecientes al UEJN, quienes protestaban por aumentos salariales. La acción policial, que incluyó porrazos y desalojos, generó condena en el plenario y llevó a Amerio a abstenerse de votar mientras prometía solicitar informes detallados sobre los incidentes.
Horacio Rosatti, entre otros, también se unió al rechazo, evidenciando una distancia con la postura del Gobierno sobre la gestión de las protestas.
