De acuerdo a una nota de La Política Online, el gobierno de Javier Milei enfrenta la posibilidad de un escándalo de proporciones si se confirma una inquietante denuncia sobre la industria pesquera. Según informes que han llegado a la Embajada de Estados Unidos, una empresa española controlada por un fondo norteamericano ha comunicado que ciertos emisarios del gobierno argentino habrían solicitado una coima de 15 millones de dólares. Este dinero, al parecer, sería destinado a asegurar que un grupo de firmas obtenga los derechos de pesca de merluza en el Mar Argentino por los próximos quince años, un contrato de inmenso valor económico.
Según LPO, las multinacionales pesqueras están en alerta máxima debido a la próxima expiración del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) a fines de este año. En medio de las frenéticas negociaciones para definir el futuro de la pesca de merluza, un reciente encuentro en un sótano de Plaza de Mayo ha sacudido a los empresarios del sector. Según relatos de quienes estuvieron presentes, durante la reunión, un emisario del gobierno insinuó que las empresas debían aportar una "cuota" de 15 millones de dólares para beneficiarse del régimen en los próximos quince años. Este monto no sería una contribución oficial sino un soborno, lo que ha generado gran preocupación entre los asistentes.
La denuncia de la empresa española Iberconsa, ahora controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, ha llegado a la embajada estadounidense, que podría estar preparando una investigación. Iberconsa, una de las principales tenedoras del CITC, se encuentra en una posición vulnerable debido a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, que impone severas penalidades por sobornos internacionales. La empresa española, al estar bajo control norteamericano, podría enfrentar graves consecuencias legales si se confirma el soborno.
La situación también pone de relieve una interna dentro del gobierno de Milei, donde el asesor Santiago Caputo y Lule Menem parecen estar interviniendo en la renegociación de los contratos de pesca, desplazando al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Este último ya había sido criticado por su enfoque sobre el régimen de pesca y sus comentarios sobre las regalías, que fueron percibidos como una amenaza para los intereses de las empresas pesqueras. La turbulencia en torno a este tema no solo revela las tensiones dentro del gobierno sino también la opacidad histórica en la gestión de los recursos pesqueros.
