En una maratónica sesión de más de 20 horas, que comenzó pasado el mediodía del lunes y finalizó este martes por la mañana, la Cámara de Diputados dio media sanción, una vez más, al proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" por 142 votos positivos contra 106 negativos. Ahora, se vota capítulo por capítulo en particular y, más tarde, se buscará la aprobación por separado del paquete fiscal.
Quienes se opusieron a la propuesta fueron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón y Natalia de la Sota. Por su parte, y tal como se esperaba, dieron el sí el PRO como LLA, junto con la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal Innovación. En febrero, el oficialismo también logró aprobar el proyecto en general con 144 votos a favor y 109 en contra. En ese entonces, acompañaron los mismos que ahora apoyaron la ley en el mismo sentido.
CONSENSOS
El oficialismo debió sacrificar artículos para poder arrimar un dictamen que fuera firmable por las fuerzas de la oposición light. Por ejemplo, eliminó el artículo sobre desregulación económica, quitó el capítulo entero de Defensa de la Competencia, redujo a cuatro las declaraciones de emergencia y achicó a apenas ocho la lista de empresas sujetas a privatización (dejando afuera el Banco Nación).
Además, amplió la lista de organismos del Estado a salvo de cualquier intento de disolución y suprimió el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones. Pese a compactar el proyecto, igualmente quedó un mamotreto de 240 artículos y 162 páginas, que será desmenuzado en el recinto durante al menos dos jornadas de debate a partir del lunes al mediodía.
PUNTOS CLAVE
La expectativa ahora está puesta sobre la votación en particular, sobre todo en el artículo 3, que faculta al Ejecutivo a disolver organismos y da la potestad para modificar competencias, funciones y responsabilidades a los órganos que figuran en la lista de excepciones (CONICET, ANMAT, INCUCAI, INTA, UIF, entre otros). También se le pondrá el foco al momento en el que se sume la iniciativa que formaba parte de la ley original y que fue extraída de la nueva versión por el oficialismo. Se trata de los impuestos mínimos al tabaco, de los que algunos empresarios tienen beneficios.
Este lunes, con la sesión ya iniciada, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, publicó un hilo de tuits en el que exhortó al Congreso a “enfrentar a la verdadera casta”, terminando con los privilegios fiscales que benefician al “Señor Tabaco” (Pablo Otero, dueño de la tabacalera Sarandí).
Respecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fuentes parlamentarias comentan en los pasillos de Diputados que “hay mucha oposición al tema”. Sin embargo, suponen que saldría con la redacción que tiene actualmente, en la que se plantea un pago de dividendos de los beneficiarios de un 7% en los primeros 7 años pagan y luego una reducción a 3.5%.
La principal crítica que se hace sobre este punto, tiene que ver con que se le otorgarán beneficios impositivos y fiscales a quienes realicen grandes inversiones en Argentina pero no se contempla a las pymes, que motorizan el 80% de la economía. De esta manera, lo que manifiestan sus detractores, es que se beneficia a las grandes empresas en detrimento de las más chicas.
Para las facultades de disolución de organismos (art. 3) y el RIGI los números “siguen muy finitos” manifiestan fuentes parlamentarias. Dependiendo a quien se le pregunte, tienen los votos para un lado o para el otro. Respecto de tabaco, quizás haya una sorpresa a la hora de incorporar el texto a la ley bases.
Por último está el tema del impuesto a las ganancias, que forma parte del paquete fiscal, por lo que su votación será ya por la tarde. Luego de la eliminación de la cuarta categoría, el Gobierno busca volver a implementar el piso de $1,8 millones para solteros y $2,2 millones para los casados con dos hijos. En una delicada votación que, según auguran muchos, “está palo a palo” se conocerá el destino del impuesto a la clase media. Algunos diputados ya anticiparon su rechazo en su exposición en el recinto, tal es el caso de Martín Tetaz y Agustín Domingo.
REFORMA LABORAL
Un foco de conflicto que no termina de sofocarse tiene que ver con la reforma laboral, que estuvo en vilo hasta último momento pero finalmente se plasmó en el dictamen de mayoría en una versión comprimida.
La UCR machacó con una reforma laboral ambiciosa, que inclusive se metía con los intereses sindicales eliminando las cuotas solidarias de los no afiliados. En un momento dado, cuando trascendió que el Gobierno hacía lugar al pedido radical, el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, dio un golpe de puño sobre la mesa amenazando con no votar la ley Bases a menos que se dejara completamente de lado el capítulo de modernización laboral. El rionegrino está convencido de que este tema no pasa en el Senado y no quiere que se pierda el tiempo en Diputados.
Al final, se incluyó una versión comprimida de la reforma circunscripta básicamente a la derogación de multas por no registración, ampliación del período de prueba y la implementación del fondo de cese laboral optativo como alternativa a las indemnizaciones.
Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica (ésta última pertenece a HCF pero tiene juego propio, al punto que presentó un dictamen de minoría ayer en el plenario de comisiones) intentarán plasmar cambios y agregados en el recinto en lo que refiere a la reforma laboral y el impuesto al tabaco (en este caso en la ley fiscal).
Además, fiel a su tradición de no otorgarle "superpoderes" a ningún presidente, la fuerza política de Elisa Carrió no votará la delegación de facultades. También hay muchas dudas respecto a los que pueda suceder con la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, cuyo mínimo no imponible el Gobierno pretende colocar en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y 2.200.000 pesos para casados con hijos. El radicalismo está dividido respecto de esta propuesta del Gobierno y podría haber un batacazo en este sentido.
Por si fuera poco, hay diputados de la UCR y de HCF que no están convencidos de las "bondades" del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de la ley Bases, y podrían votar en contra o proponer cambios en el recinto para favorecer a inversiones menores a los 200 millones de dólares que el Poder Ejecutivo puso como piso para acceder a los beneficios.
Los diputados del espectro "dialoguista" están en una encrucijada dilemática: aseguran que quieren darle a Javier Milei las herramientas para que gobierne y deje de lado las excusas, pero no están conformes con la redacción final de algunos artículos y saben que si aplican su poder de veto el presidente, un fundamentalista del "todo o nada" podría volver a ordenar el retiro del proyecto en plena sesión, levantando el dedo acusador contra toda la oposición.
CONSENSOS
El oficialismo debió sacrificar artículos para poder arrimar un dictamen que fuera firmable por las fuerzas de la oposición light. Por ejemplo, eliminó el artículo sobre desregulación económica, quitó el capítulo entero de Defensa de la Competencia, redujo a cuatro las declaraciones de emergencia y achicó a apenas ocho la lista de empresas sujetas a privatización (dejando afuera el Banco Nación).
Además, amplió la lista de organismos del Estado a salvo de cualquier intento de disolución y suprimió el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones. Pese a compactar el proyecto, igualmente quedó un mamotreto de 240 artículos y 162 páginas, que será desmenuzado en el recinto durante al menos dos jornadas de debate a partir del lunes al mediodía.
