El encuentro del martes entre la UTA y las cámaras del sector del transporte terminó solo con el acuerdo de volver a reunirse el jueves próximo a las 13, es decir, en la misma fecha que el sindicato de colectiveros había puesto como plazo máximo para resolver su reclamo salarial.
Los empresarios advierten que si el Gobierno no gira los fondos o autoriza el incremento de las tarifas los colectivos en el AMBA reducirán su circulación un 16,6%.
La reunión entre el Gobierno, las empresas y la UTA, convocada originalmente para este miércoles,
finalmente se realizará el jueves a las 13 en la Secretaría de Trabajo y es la única forma de evitar un nuevo paro el mismo jueves 25 de abril.
El conflicto es
por el pago de una suma no remunerativa de $250.000. Producto de una cláusula ambigua, la UTA sostiene que esta suma esta ya fue homologada en la paritaria, pero el Gobierno afirma lo contrario. Las empresas sostienen que solo podrán pagar esa diferencia si la Secretaría de Transporte les gira los fondos correspondientes, por ahora esto no ocurrió. Por lo que ven como otra la salida que
el Ejecutivo autorice el aumento del boleto.
Para los empresarios transportistas hay poca voluntad de las autoridades de avanzar en este sentido. Desde las cámaras ya dan por sentado que en mayo no habrá autorización para aumentar el boleto de colectivos pese a la oficialización de la suba del boleto de trenes de ayer y están expectantes de que el Gobierno permita una suba de la tarifa para junio, que podría llevar el boleto, aseguran, a entre 600 y 700 pesos.
Frente a esto advierten que,
de haber una negativa a aumentar subsidios o subir tarifas, deberán achicar el sistema de transporte de colectivos en el Área Metropolitana.
Para los empresarios es más probable es que sea necesario recortar unas 3.000 unidades, equivalente a un 16,6% de la flota total de 18.000 colectivos que circulan hoy. Un número que, según sostienen las empresas, es alentado desde el propio Gobierno. Esto llevaría a una obvia baja en la frecuencia, calculan, en alrededor de un 20% que afectaría de lleno a los usuarios.
Desde las cámaras trasportistas señalan que esta es la última solución que desean implementar y se resisten a llevarla adelante porque se trata de un proceso poco reversible. Una vez que una unidad queda en el garage por mucho tiempo, se vuelve difícil de restaurar y termina siendo vendida, a veces como chatarra.
