Las naftas, las prepagas, los alimentos y los servicios lideran la brutal inflación y caída del poder adquisitivo que atraviesan los argentinos desde la asunción de Javier Milei como presidente. Pero no serán los únicos ni los últimos incrementos de precios que verán: las empresas de transporte y distribución de gas piden un aumento de hasta el 700% al que proponen sumarle posteriormente subas mensuales atadas a la inflación mayorista, lo que con el agregado de los otros ítems que componen el servicio final llevaría la boleta que pagan mes a mes las personas a una escalada de alrededor del 400%.
Las firmas de ambos mencionados rubros presentaron formalmente ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) las solicitudes para el futuro de las tarifas. En el caso de las distribuidoras, las subas llegan al 700% mientras que en transporte los pedidos trepan al 570%.
Los informes con esos pedidos de las compañías fueron entregados al ente regulador porque la próxima se realizará la audiencia pública de gas, el 8 de enero exactamente, con las solicitudes de aumentos a aplicarse a partir de febrero.
La explicación que subyace a estos pedidos es que no se trata de la suba final en la tarifa que percibe el usuario, hecho que no le quita dramatismo a los aumentos que sí recibirán las personas.
En primer lugar porque las audiencias públicas no son vinculantes. Es decir, la última palabra la tiene el gobierno de Milei. Por el otro, porque distribución y transporte no son los únicos componentes de la boleta, sino que también resta definirse el precio de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Los pedidos de las empresas se desprenden de las presentaciones de las prestadoras para el material de consulta de la audiencia pública número 104, que son informes públicos subidos en la web del Enargas. Allí hay algo que se repite en todas las compañías: el reclamo de la creación de un “índice de actualización mensual” para las tarifas, que siga la inflación mayorista, a través del IPIM que publica el INDEC.
La empresa TGS asegura que la incidencia del costo de transporte para los usuarios residenciales es “menor” y representa el 12,5%, mientras que el gas en boca de pozo es el 36,6%, distribución el 26,2% e impuestos el 24,7%, en un promedio ponderado.
En el caso de las distribuidoras, Metrogas pide una suba de 377%, Naturgy del 437%, Camuzzi Gas Pampeana del 421%, Camuzzi Gas del Sur del 543%, Ecogas del 126%, Gasnor de 400 hasta 704% y Redengas del 481%. Por su parte, las transportistas plantearon, en el caso de TGS, un pedido de incrementos del 567%, y TGN del 523,5%.
La consultora Economía y Energía, que dirige Nicolás Arceo, había estimado aumentos finales en la factura de gas de entre 168% y 336%, con menores subas para los segmentos N1 y N2 (altos y bajos ingresos) y mayores para los N3 (ingresos medios con alta incidencia de subsidios).
Sin embargo, los números finales seguramente serán mayores porque las consultoras hicieron sus proyección estimando un aumento en la distribución del 116% y no de hasta el 700% como piden las compañías. La disparidad entre las estimaciones de la consultora y los pedidos de las empresas se basa en que las compañías reclaman recuperar los puntos perdidos contra la inflación desde el 2016 para acá. O sea, quieren retroactivos pagados por la gente.
Por ejemplo, el informe de Naturgy dice: “La adecuación de la tarifa de distribución que por el presente venimos a solicitar, se encuadra en una recomposición tarifaria que se determina a partir de la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y diciembre de 2023, neta de los incrementos tarifarios autorizados en el mismo periodo”.
