La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este jueves el debate sobre el juicio político a la Corte Suprema, con la exposición de los autores de los 14 expedientes que denunciaron a los miembros del máximo tribunal. Se trata del paso previo a que la comisión parlamentaria decida, el jueves próximo, la admisibilidad de las denuncias.
Carolina Gaillard, presidenta de la comisión de Juicio Político, ya confirmó que la próxima semana se evaluará si están dados los requisitos para declarar la admisibilidad de las denuncias. En caso de que así lo consideren, se empezará a producir la prueba.
El testimonio más fuerte de este jueves fue el de la exdetenida ilegal durante la dictadura Patricia Isasa, quien imputó al juez Rosatti, actual presidente del tribunal, de haber apañado y protegido, cuando se desempeñó como intendente de Santa Fe, al represor y expolicía Eduardo Ramos, quien la secuestró y torturó en la década del 70.
Isasa relató que Ramos era conocido como “el matón de Rosatti” cuando era jefe comunal de la capital santafesina y que por eso se reunió con él para ponerlo en conocimiento de los antecedentes penales que tenía esa persona. “Le dije que fue quien me secuestró, me torturó. No me dijo ni sí ni no, ni blanco ni negro, no se comprometió a nada”, relató Isasa. “Nos merecemos jueces probos, no nos merecemos una persona como Rosatti”, concluyó.
Además de los denuncias presentadas por particulares, como el caso de Isasa, también ratificaron sus acusaciones los diputados del Frente de Todos y los de la Coalición Cívica que, diferenciándose del oficialismo, al que acusó de avanzar contra la Corte por estar en desacuerdo con algunos fallos del tribunal, insistió con su pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti
“Tenemos la profunda e íntima convicción de que Lorenzetti no cumplía las condiciones para ser juez de la Corte”, afirmó la diputada Paula Oliveto (CC-Buenos Aires), quien destacó que las acusaciones fueron presentadas durante el gobierno de Mauricio Macri. “En ese momento no tuvimos un presidente que acompañara el pedido”, aseguró.
La denuncia fue secundada por el presidente del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, Juan Manuel López (Buenos Aires). “Se trata de mejorar la Justicia, pero nunca de presionar al Poder Judicial”, afirmó.
A su turno, el Frente de Todos ratificó el escrito presentado a mediados de enero, que replica el pedido de juicio político que decidió impulsar el presidente Alberto Fernández contra los cuatro integrantes del tribunal. “El juicio es de carácter político. El mal desempeño configura un acto irracional”, acusó Eduardo Valdés (Capital), quien hizo hincapié en el recurso de amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires contra la retracción de fondos de la coparticipación federal de impuestos.
Valdés calificó de “incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a los 15 gobernadores que se presentaron como amicus curiae” en el expediente. “No sólo no los escuchó, ni siquiera les contestó”, agregó, antes de preguntarse si esa falta de respuesta pudo haber obedecido a “la relación de Rosatti con Horacio Rodríguez Larreta, vehiculizado por Sergio Robles (secretario del juez) y Marcelo D’Alessandro”, exministro de Seguridad porteño.
Además, el diputado aseguró que “Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda dieron un golpe de Estado para consagrar la toma del Consejo de la Magistratura” a partir del fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006 y reponer la vigencia de la norma anterior, sancionada en 1997, que ya había sido derogada.
La diputa oficialista Mara Brawer (Capital) sumó a la acusación del Frente de Todos la acusación contra Rosatti y Rosenkrantz por haber avalado la aplicación del beneficio del 2x1 como ley más benigna para beneficiar a condenados por delito de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de los 70. “Se demuestra el delito permanente y estos dos cortesanos quería aplicar el 2x1 que la sociedad repudió para los delitos comunes. Es tan claro el rompimiento del contrato social de estos cortesanos que la sociedad argentina salió a la calle”, sentenció.
En la misma sintonía y por casi los mismos casos, la diputada Vanesa Siley confirmó su presentación contra el juez Rosenkrantz, que mantuvo el mismo criterio luego de que el Congreso sancionara una ley específica contra la aplicación de ese beneficio en caso de delitos de lesa humanidad.
Antes, había ratificado sus acusaciones la Asociación Argentina de Juristas, organización autora de una denuncia contra los cuatro jueces de la Corte, pero con especial hincapié en Rosenkrantz, al que le imputaron su parcialidad en al menos 56 causas en las que empresas que lo tuvieron como abogado fueron protagonistas ante el máximo tribunal.
La exposición de las denuncias estuvo a cargo de Claudia Rocca, quien también acusó al tribunal por los fallos que favorecieron a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por la coparticipación federal de impuestos y por el que declaró inconstitucional la ley de 2006 que reglamentó el Consejo de la Magistratura.
La denuncia fue respaldada por Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. “Es el momento oportuno de iniciar este juicio político que no sólo es admisible sino que llega muy tarde. Estos jueces de la Corte han hecho mucho daño”, enfatizó.
En el tramo final, ratificaron sus acusaciones los diputados oficialistas María Rosa Martínez y Pablo Carro por irregularidades en el manejo de la obra social de los empleados judiciales y los particulares, como la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, el periodista y los abogados Pablo Llonto, Ricrado La Greca y Diego Sánchez.
