La diputada bonaerense del Frente de Todos Susana González denunció penalmente al procurador bonaerense Julio Conte Grande de dar cobertura judicial a actos de corrupción por USD 95 millones y de persecución. El caso quedó radicado en el juzgado federal de La Plata a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla y también involucra al exinterventor del Astillero Río Santiago Daniel Capdevilla, a fiscales provinciales y hasta a exagentes de la AFI.
La diputada aseguró que durante el macrismo existió en territorio bonaerense “un plan de disciplinamiento y manipulación del sistema judicial con objetivos concretos y claros: impunidad y persecución”. De acuerdo a la denunciante, está claro que durante la gestión de Juntos por el Cambio se conformó "un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo (nacional y provincial) que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales (otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión)”.
González centró su presentación de 39 páginas en Julio Conte Grand, quien el 27 de diciembre de 2016 pasó de ser secretario de Legal y Técnica de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal a jefe de los fiscales bonaerenses. En la denuncia se describe cómo el actual procurador reestructuró el Ministerio Público provincial para centralizar bajo su dependencia directa todas las actuaciones disciplinarias seguidas a los fiscales bonaerenses. Así, premió a quienes le respondían en la persecución judicial de opositores y presionó a los díscolos. “El disciplinamiento direccionado a proteger a funcionarios afines y perseguir a Agentes Fiscales independientes, se utilizó además para asegurar la impunidad de distintos hechos de corrupción”, remarcó la legisladora provincial.
Un pasaje central del escrito hace foco en un “hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero” Río Santiago. González destacó cómo el fiscal a cargo de esa pesquisa, que respondía a Conte Grand, decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción enorme que comprometía a Cambiemos. La referencia es a “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, que se hicieron con aproximadamente 95 millones de dólares”.
Para González, desde la asunción de Conte Grand “se han realizado diversas actuaciones, con coordinación, planificación y estratégica temporalidad para llevar adelante una serie de actos a fin de posibilitar, con intervención de agentes federales de inteligencia, el enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de corrupción, perjudicar directivos y dirigentes gremiales del Astillero Rio Santiago, y disciplinar y perseguir a Agentes Fiscales que no seguían las órdenes del Procurador o los agentes de inteligencia federales, como procurar la impunidad de los Funcionarios de la Procuración denunciados (…)”. La denuncia condensa cómo Conte Grand manejó la procuración bonaerense durante el gobierno de Vidal.
La denuncia describe en líneas generales actos de “corrupción, los que podrían estar tipificados como malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita de todos los integrantes que a continuación se enuncian”, señaló la denunciante.
