Los dirigentes de las entidades rurales que integran la Comisión de Enlace se reunieron este miércoles con senadores de la oposición y les pidieron que avancen en un proyecto de ley que legisle en materia de retenciones, al considerar esta alícuota inconstitucional.
Las entidades del campo siguen adelante con su estrategia de generar un hecho político respecto de la discusión de las retenciones y hoy volvieron al Congreso de la Nación para reunirse con el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio.
La modificación del beneficio de dos puntos para los subproductos del poroto de soja que tomó el Gobierno incentivó a los ruralistas a encarar una estrategia doble. Por un lado, ir a la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la modificación a sabiendas que caducó la ley de Emergencia Económica que delegaba en el Ejecutivo la posibilidad de modificar impuestos aduaneros y, por el otro,
abordar una agenda de encuentros con legisladores de la oposición para avanzar en leyes para el sector.
Con respecto a la reunión de hoy, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, explicó que fue satisfactorio:
“La idea es avanzar en una agenda de temas que son propios del sector y nos pidieron eso”.
Aunque el trato es amable, en algunos momentos del encuentro se pudo notar cierta tensión por parte de los productores que les reclamaron a los senadores que legislen:
“Se tienen que poner los pantalones largos y armar las comisiones y las bicamerales”, se escuchó decir a uno de los presentes en forma de reclamo.
En ese sentido,
la Mesa de Enlace explicó a los senadores de JxC que a partir del vencimiento de las facultades que tenía el Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre pasado de modificar el actual esquema de retenciones, consideran que, ante la falta de prorroga de dicha medidas, actualmente las alícuotas del impuesto deben ser 0 por ciento.
“Nosotros lo que buscamos es generar un hecho político y que, a través de estos encuentros, se activen algunos temas”, explicaron al término del encuentro.
Uno de los puntos que buscan es que cuando se debata en las comisiones el proyecto de desarrollo agroindustrial, que presentó el Ejecutivo junto al Consejo Agroindustrial Argentino y que contempla beneficios fiscales e impositivos con el fin de aumentar la producción, incluya una baja gradual de retenciones y hasta su posterior eliminación.
Aunque ya se reunieron con la mayoría de los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados, los ruralistas lograron un primer encuentro con un referente del oficialismo. Según pudo averiguar Infobae, en la cena por el aniversario de la Fundación Conciencia, referentes de las entidades del campo habrían acordado un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para la semana que viene.
Revés judicial para el campo
El juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, rechazó la acción de amparo de la Sociedad Rural de esa ciudad contra el Estado Nacional, que pedía la declaración de inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios -retenciones- a partir del 1 de enero del año 2022.
Se trata de una acción de Amparo Colectivo, planteada por la Sociedad Rural de Río Cuarto, Sociedad Rural de Adelia María y Asociación de Fomento Rural de Pueblo Torres (Vicuña Mackenna).
Cuestionaron además cualquier disposición reglamentaria en la cual se pretenda sustentar ese reclamo tributario, y se condene al Estado a cesar con su cobro, instruyendo en tal sentido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que cese con su reclamo y percepción.
La entidad ruralista consideraba que, desde el 1° de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia económica de 2019 porque el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía, entre otros puntos, una prórroga de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación.
El juez federal consideró que en el caso no estaban presentes los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivo dado que la Sociedad Rural de Río Cuarto no cuenta con legitimación para sustentar el reclamo judicial, según el fallo publicado por el sitio Palabras del Derecho.
El rechazo fue
“in limine”, ni siquiera trató la acción, ya que no se reconoció legitimación activa a los accionantes como para interponer el amparo.
