El Gobierno nacional trabaja en la elaboración de un estudio para promover “el bueno uso de las redes sociales” y que no "intoxiquen" la democracia.
Lo adelantó este martes el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, durante la presentación de la Agenda Productiva Federal en el marco del Consejo Económico y Social.
“Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”, dijo Beliz y anticipó que ya están "trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.
El secretario de Asuntos Estratégicos adelantó también que junto al Gobierno se han convocado a 40 universidades de toda la Argentina para “pensar y proponer estas iniciativas”, y definir “el bueno uso de las redes sociales”.
Desde el área que maneja Béliz aclararon que no hay un proyecto oficial a presentarse en el corto plazo, sino que se trata de un programa y una iniciativa “de las tantas que trabaja el Consejo”. Además, insistieron en que no se trata de una regulación, sino de un acuerdo con organizaciones políticas, sociales y civiles en general para impulsar un “buen uso”.
Desde el Gobierno difundieron un comunicado firmado por el propio Beliz, al que hizo referencia en la conferencia de prensa, titulado “redes para el bien común”, donde se detalla el contenido del denominado Pacto por la Información y la Democracia, de junio 2021. Allí se indica que la iniciativa
“no significa ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional. Ha desarrollado actividades públicas con múltiples actores de la vida ciudadana, y su plan de trabajo se caracteriza por la pluralidad de actores y voces. Pretender cualquier otra interpretación es algo alejado a la verdad de lo que estamos realizando con seriedad y profesionalismo”.
La aclaración surgió luego de que trascendiera que se trataba que el anuncio del Gobierno implicaba “regular las redes sociales” y del rechazo que generó en la oposición.
Uno de los primeros opositores que salió al cruce fue
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, que utilizó parte de una de las frases de Beliz para posicionarse en contra: "La mejor manera de no intoxicar el espíritu de nuestra democracia es respetando la libertad de expresión y de opinión. Meterse a controlar las expresiones en las redes sociales es inaceptable e inconstitucional".
"Cualquier límite a la libertad de expresión es un intento de erosión de nuestra democracia y nos oponemos absolutamente", fijó el alcalde porteño.
En tanto que
Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que por "una cuestión de principios" rechaza la iniciativa y preguntó, en referencia a los contenidos que "intoxican" la democracia: "¿Quién decide que cosa intoxica y que cosa no?".
El Pacto por la Información y la Democracia
“Redes para el bien común es un programa que, a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, persigue el objetivo de abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de Internet”, se detalla en la web del Consejo.
Al mismo tiempo, sostiene que “busca aprovechar al máximo el potencial democrático que ofrecen las plataformas virtuales, avanzando hacia la construcción de entornos digitales plurales y respetuosos que favorezcan la amistad social”.
La iniciativa contempla, además, un foro abierto sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación, un acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet y un panel trasnacional de especialistas en ciudadanía digital. En el primero analizan “la preocupación real y concreta de las democracias contemporáneas ante los efectos negativos de la desinformación y los discursos de odio. Reducir su incidencia es una tarea compleja que requiere que se convoque a un debate amplio con la participación de toda la sociedad”.
“Con ese fin, desde el programa Redes para el bien común se organizarán Foros abiertos sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación. Se trata de encuentros que se llevarán a cabo, durante los meses de octubre y noviembre, en 5 regiones del país: norte, centro, cuyo, sur y bonaerense”, detallaron oficialmente.
El objetivo es recuperar una mirada amplia, federal y plural, para promover un “Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet”. De este modo, invitarán a participar a sindicatos de prensa; docentes, investigadores y estudiantes universitarios; asociaciones civiles; organizaciones de DDHH; profesionales; funcionarios públicos municipales, provinciales y nacionales; asociaciones de medios de comunicación; cámaras empresarias; dueños, directivos y/o representantes de medios de comunicación y a la comunidad en general.
Sobre el “Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet”, aseguraron que se trata de “un compromiso de responsabilidad compartida para crear entornos digitales respetuosos que refuercen los valores de la libertad, la tolerancia, la convivencia democrática y aseguren el mayor grado posible de veracidad de la información que circula en redes y plataformas digitales”.
El objetivo es lograr la colaboración del sistema político argentino, de las empresas de medios de comunicación, de las y los periodistas, de las plataformas de contenidos digitales y de las empresas verificadoras de contenido, en la lucha contra las expresiones de odio, la desinformación y las noticias falsas que se propagan a través de la web.
También habrá un panel trasnacional de especialistas en ciudadanía digital compuesto por miembros nacionales e internacionales, con una participación de carácter ad honorem, de diferentes campos académicos y reconocida trayectoria profesional convocados por el CES en función de sus conocimientos y antecedentes.
Su objetivo es formular recomendaciones basadas en evidencia para la adopción de políticas públicas que permitan construir entornos digitales respetuosos; desarrollar investigaciones que incrementen el conocimiento de los problemas de mayor relevancia en el campo de las comunicaciones en entornos digitales; evaluar el grado respeto a los principios del Pacto Internacional para la Información y la Democracia por parte de las entidades que integran el ecosistema digital del país.