El dirigente de Camioneros Pablo Moyano denunció este miércoles la existencia de una organización de tráfico de influencias que operó durante el gobierno de Mauricio Macri, estructurada dentro de la Procuración de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y encabezada por el propio Procurador Julio Conte Grand.
Esa organización habría contado con la asistencia y colaboración de funcionarios provinciales, miembros del poder judicial y fiscal con la finalidad de procesar y encarcelar indebidamente a opositores políticos, dirigentes sociales, gremialistas y abogados que intervenían en las defensas.
La presentación firmada por Moyano, representado por el abogado Daniel Llermanos, alude principalmente al ámbito del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en perjuicio de Hugo Moyano, Pablo Moyano, el abogado ex jefe del Servicio Penitenciario Federal, y director nacional de Coordinación y Proyección Normativa del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Víctor Hortel y al propio Llermanos.
Las operaciones de la organización, según la presentación, habrían sido “instar denuncias falsas, generar testimonios mendaces mediante instigación, extorsión, amenazas y/o apremios, infiltrar en la defensa de personas detenidas a abogados pertenecientes contratados para influir en los testimonios falsos, manipular con fraude procesal material probatorio como evidencias digitales mediante procedimientos ilegales, emplear medios periodísticos para la masiva difusión de las actuaciones tendiente al escarnio público de sus víctimas, emplear ilegalmente fondos del erario público para financiar las actividades descriptas”.
Según consignó Moyano, la organización denunciada “estructuró el plan delictivo en dos etapas desarrolladas en sendas causas penales dentro del ámbito de Departamento Judicial de Lomas de Zamora”, cuyas responsabilidades atribuye en principio al Procurador General doctor Julio Conte Grand por la comisión de los delitos de instigación al Prevaricato y Abuso de Autoridad.
También incluyó en la denuncia al fiscal Sebastián Scalera, “cuyas irregularidades –según dijo- no tienen límite”, entre otros representantes del ministerio público fiscal.
En la denuncia se recordó que Conte Grand reiteradas veces hizo pública su intención de que los fiscales detuvieran a Pablo Moyano. Citó en ese sentido diversas publicaciones periodísticas y sus propias expresiones en el Programa de TN “A dos Voces” cuando aseguró que “existen evidencias suficientes para que Pablo Moyano sea detenido y que podía revertirse el principio de la libertad en el proceso por el de la prisión preventiva”.
Moyano resaltó que recientemente, el Juez Gabriel Vitale, hizo referencia ante el Congreso de la Nación que mediáticamente a Pablo Moyano lo habían convertido en un “mafioso” a instancias de Conte Grand, “merced a la colaboración de sus megamedios periodísticos: Clarín y La Nación”.
Sus periodistas favoritos para las de operaciones de la guerra en el ámbito judicial eran Daniel Santorio y Daniel Billota, a ellos les adelantaba cualquier decisión procesal. Aclaró el Magistrado que esas decisiones se tomaban en la “Secretaría Política Criminal, Pont Vergés, procurador, y ordenan automáticamente a Scalera. Son Scalera, Rossi, Bisquert los fiscales obedientes, de manera ciega, a las órdenes que establece el procurador”, consigna la denuncia.
El procurador Conte Grand también fue acusado por el juez de Garantías, Luis Carzoglio, en el marco del rechazo que en su momento hizo del pedido de detención de Pablo Moyano que había solicitado el fiscal Adjunto de Lomas de Zamora, Scalera, por entender que el gremialista era líder de una asociación ilícita.
Según Carzoglio, la solicitud del funcionario judicial era inconsistente, presentaba contradicciones y no argumentó el peligro que la investigación se lleve adelante con el líder de Camioneros libre.
En la denuncia se reproducen las declaraciones y denuncias del Fiscal General de Lomas de Zamora Enrique Ferrari. Según este fiscal, Conte Grand “disponía de una unidad especial para armar causas contra personajes del ámbito político contrarios al macrismo. El fiscal general Ferrari denunció que Conte Grand impulsó el armado de causas y habilitó presiones a jueces mediante espionajes ilegales para detener a dirigentes gremiales y políticos opositores a Cambiemos. Ferrari explicó que el Procurador, a través de una UFI de Delitos Complejos, llevó adelante acciones de espionaje ilegal”.
Destacó la denuncia el tratamiento dado por la Procuración General a las escuchas telefónicas –entre Pablo Moyano y su abogado Llermanos- ordenadas en la causa “que debieron ser custodiadas por doctor Scalera y terminaron en manos del periodista Luis Majul”.
Sobre las acusaciones que se hicieron contra Moyano, su letrado advirtió que “no se determinó siquiera en una hoja, en un testimonio o en una pericia que Pablo Moyano haya defraudado al Club (Independiente). Al contrario. Su gestión recibió un Club “quebrado” y lo convirtió en superavitario. La posible existencia de entradas de favor no es atribuible a Moyano ni tampoco puede decirse que obtener de una Institución privada ese tipo de beneficio sea delito”.
“No hay evidencia de que Moyano mediante el uso de violencia física, verbal y/ o con armas de fuego, a las autoridades de organismos estatales y/o privados encargadas de la seguridad de los eventos deportivos, como también a directores técnicos, integrantes del cuerpo técnico, jugadores de fútbol y algunas autoridades dirigenciales del Club Atlético Independiente”, consignó.
