Foto: El Cactus de Morón
El aparato de inteligencia ilegal que montó desde el Estado pero también de manera inorgánica el gobierno de Juntos por el Cambio tenía múltiples y variados objetivos, pero aparentemente repetía recursos, tanto humanos como técnicos. Es que
en Comodoro Py confirmaron que la AFI de Mauricio Macri usó el mismo auto para espiar a los trabajadores del Hospital Posadas y a Cristina Fernández de Kirchner en 2018.
El mismo
VolksWagen Voyage de patente NNV 682 que la gestión de los procesados
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani apostó en agosto de 2018 tanto en el Instituto Patria como en el departamento de CFK para espiar ilegalmente sus movimientos fue usado dos años antes para seguir a los trabajadores del Alejandro Posadas.
Quien lo concluyó es una jueza que difícilmente pueda ser signada como kirchnerista o cercana al actual oficialismo, ya que fue
María Eugenia Capuchetti, de vínculos con el macrismo y designada como magistrada por su gestión, quien hace unos meses recibió y tramitó una denuncia de una asociación profesional.
Según contó Página 12, tras investigar le envió este martes el expediente a su colega de Comodoro Py,
Marcelo Martínez de Giorgi, para que éste pueda investigar conjuntamente estos hechos con la causa madre del espionaje ilegal macrista que nació en Lomas de Zamora y, por decisión de la Cámara Federal de Casación, se mudó a Retiro.
Martínez de Giorgi, ahora, deberá determinar si acepta la causa o si declina y lleva la contienda para ver quién investiga a la Cámara Federla.
En noviembre del año pasado, la asociación de profesionales CICOP denunció que en el Posadas se había implementado un “sofisticado aparato represivo y de espionaje ilegal destinado a implementar un ‘ajuste’ consistente en despidos”.
Esa acusación es la que quedó radicada en el juzgado de Capuchetti. La jueza, durante 2020, compartió turno de trabajo con el fiscal
Carlos Stornelli - procesado en la causa de espionaje y extorsiones de Dolores -.
En el mismo artículo recordaron que los despidos y la persecución en el hospital comenzaron durante la dirección de Alberto Díaz Legaspe, pero que después de la designación de Pablo Bertoldi Hepburn los referentes de la CICOP sitúan el espionaje de la AFI.
Ante la supuesta o sospechada en ese entonces conexión de Bertoldi Hepburn con las máximas autoridades de la AFI macrista, la diputada del Frente de Todos
Mónica Macha presentó una denuncia el 14 de febrero de 2017. El fiscal, justo, era Stornelli y no impulsó la acción penal, por lo que el juez Martínez de Giorgi cerró la causa el 10 de marzo de ese mismo año.
Dos años después, el 7 de agosto de 2018, el mismo auto que perseguía a los trabajadores del Posadas apareció afuera del Instituto Patria. Días después Arribas y Majdalani le enviaron una nota a la Comisión Bicameral de Inteligencia en la que reconocían que el vehículo pertenecía a un área operacional de la Agencia pero argumentaban que estaban cumpliendo tareas ordenadas por un juez.
En los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, denunció los hechos ante la justicia federal de Lomas de Zamora. Los señores "9 y 5" fueron procesados junto con el director operacional de Contrainteligencia Martín Coste y el director de Operaciones Especiales Alan Ruiz. Quedó acreditado que para agosto de 2018 la AFI estaba espiando a CFK en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay. Los agentes que estuvieron abocados a la vigilancia ilegal de CFK relataron ante la justicia que los habían enviado a observar si “entraban o sacaban bolsos o bolsas”, nada de órdenes de jueces.
Justo en ese momento, el mencionado fiscal Stornelli y el fallecido juez
Claudio Bonadio daban vía libre a la causa de las fotocopias de los cuadernos.
Los procesamientos por el espionaje en el Instituto Patria fueron confirmados el año pasado por la Cámara Federal de La Plata. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación también rechazó los recursos de los imputados. Coste intentó sin éxito que Martínez de Giorgi lo sacara de la causa después de que el expediente se mudara a los tribunales de Comodoro Py. El paso siguiente natural sería que el fiscal de la causa, Franco Picardi, pida su elevación a juicio.
La causa del Patria es conexa a la de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario. Ese expediente es, de alguna manera, la madre de todas las batallas. Allí hay 38 procesados, entre la AFI y las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) junto con la excoordinadora de Documentación Presidencial de Macri, Susana Martinengo, una funcionaria que frecuentaba a los espías conocidos como Súper Mario Bros. El juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé le dictó una falta de mérito en ese expediente a Darío Nieto, el secretario privado del expresidente y actual candidato a la Legislatura porteña.
Los 38 procesamientos y la falta de mérito de Nieto están siendo analizados por la Cámara Federal. Allí, los jueces Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi deben decidir si convalidan lo que resolvió Augé. No hay optimismo entre los querellantes, sino preocupación. En el tribunal descartan un pronunciamiento en esta semana. Martínez de Giorgi, mientras, espera que la Cámara decida para plegarse, indican, ya sea continuar o no con la investigación en esa causa como en las otras que son conexas a ésta.
La Cámara Federal tiene también, particularmente Leopoldo Bruglia, la definición acerca de qué juez deberá seguir investigando la mesa judicial del macrismo, que incluye Arribas, cosa que ninguno de los hombres y mujeres de Comodoro Py aparentemente quiere. El camarista decidirá si sigue en manos de Capuchetti o si pasa al juzgado 12, que subroga Ariel Lijo.
