En lo que fue su primera y última intervención formal dentro del expediente,
el juez federal Sebastián Casanello se declaró “incompetente” para intervenir en la causa por el cumpleaños de Fabiola Yáñez en la quinta presidencial de Olivos, conocida a través de una foto, y se la remitió a la justicia federal de San Isidro donde todo indica que desea quedársela Sandra Arroyo Salgado, que había pedido ver el expediente.
La intervención de Casanello se dio debido al pedido que había hecho la defensa de
Stefanía Domínguez, una de las asistentes al cumpleaños de la primera dama. El abogado de la mujer,
Mauricio D’Alessandro, había solicitado la inconstitucionalidad de los DNU que en ese momento regían y que regulaban las restricciones sanitarias.
El fiscal
Ramiro González, que tenía delegada la investigación, había opinado que debía rechazarse ese pedido por lo que faltaba que se expidiera el juez.
Es así que ahora Casanello explicó primero que Domínguez fue imputada por haber participado “del encuentro social que habría tenido lugar el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos”. Los otros imputados son
el presidente Alberto Fernández, Yañez, Carolina Marafiotti, Severina Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Daniel Consagra, y Federico Abraham.
“Ese hecho puntual es uno de los tantos eventos que fue acumulando la Fiscalía luego de la denuncia inicial de fecha 28 de julio del corriente año. Hasta ahora es el único que trajo aparejado una imputación formal. De la lectura de la totalidad del expediente puede concluirse que, salvo el anoticiamiento de un festejo ocurrido en Exaltación de la Cruz – Pcia. De Buenos Aires-, el denominador común de todos los hechos denunciados es el lugar de comisión: la Quinta Presidencial de Olivos. Sólo varían los actores y las fechas”, consignó Casanello.
En ese punto se introdujo al motivo principal que lo llevó a desprenderse del expediente: el lugar donde ocurrieron los hechos no está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires sino que apuntan a Olivos.
“Los dictámenes y la actividad probatoria llevada a cabo por la Fiscalía dan cuenta de que los hechos que son objeto de investigación tuvieron lugar en esa Residencia Presidencial, sita en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. En consonancia, los escritos presentados por las defensas también ubican las conductas en ese lugar”, resaltó.
Y agregó:
“Si bien el objeto procesal delimitado por la Fiscalía es amplio –dictámenes de fechas 5 y 13 de agosto- no me es posible encontrar un extremo fáctico que justifique la competencia territorial de este juzgado. No estamos frente a delitos continuados o permanentes que hayan involucrado distintas jurisdicciones, ni delitos cometidos a distancia. Aquí, según los recortes hechos en las denuncias -recogidos por la Fiscalía-, el lugar de la acción y del resultado es el mismo y no involucran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Ayer, se conoció que el juez Casanello renunció al concurso por un lugar en la Cámara Federal, al que aspiraba, después de expresar disconformidades con los resultados de las pruebas y las correcciones, donde no había quedado en una posición expectante.
En su resolución, Casanello resolvió “declarar la incompetencia de este juzgado en razón del territorio, para entender en la presente causa, según lo normado en el artículo 37 del Código Procesal Penal de la Nación, primer párrafo, y en consecuencia, remitirla al Juzgado Federal de San Isidro, con jurisdicción en Olivos, Partido de Vicente López, Pcia de Buenos Aires, que por turno corresponda”.
Desde la justicia federal de San Isidro, la jueza Arroyo Salgado - ex esposa del fallecido fiscal
Alberto Nisman - se había adelantado a estos hechos y había pedido ver el expediente para saber si le correspondía intervenir. No obstante, no llegó a reclamar nada ni tampoco lo había hecho el fiscal Federico Iuspa.
El obstáculo, en principio, es que quien está de turno para el sorteo de causas es el Juzgado Federal número 2 a cargo de Lino Mirabelli (con la intervención del fiscal Fernando Domínguez).
La posibilidad, así, de que la causa termine en Arroyo Salgado, tiene que ver con que era ella quien tramitaba una denuncia por hechos similares, relacionados a presuntos incumplimientos de la cuarentena. Así, a menos que alguna de las partes involucradas pelee la competencia, la causa la llevarán en San Isidro.
La Cámara Federal de San Martín -adonde Casanello remitió el expediente- aún debate si el magistrado compete es Mirabelli o la jueza Arroyo Salgado, que estaba de turno cuando se presentó la primera denuncia por la Fiesta de Olivos.
