El escándalo de altura internacional que se desató por el descubrimiento del
envío presuntamente ilegal de armamento bélico a Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri para reprimir las protestas contra el golpe de Estado a Evo Morales en apoyo de la dictadura de
Jeanine Áñez suma nuevos elementos que, además del avance de la causa penal económica, voltearían los argumentos ya pobres que esgrimieron hasta ahora el propio ex presidente y sus ex funcionarios.
En primer lugar, hoy se conoció que el juez Javier López Biscayart, a cargo de la denuncia realizada por el Gobierno nacional, ordenó las primeras medidas de prueba. Con la intervención del fiscal Claudio Navas Rial, le pidió al Ministerio de Justicia, el de Seguridad y la AFIP que en 72 horas presenten la documentación a la que hicieron referencia en la denuncia.
Una parte de las pruebas que le llegarán al juez son las notas intercambiadas dentro de Gendarmería de las que surge que se intentó hacer desaparecer los 70 mil cartuchos aduciendo que habían sido utilizados en “entrenamientos” con tres escópetas llevadas con posibilidad de usarlos y que por eso no volvieron nunca.
Pero ahora, Ámbito Financiero publicó que existe un nuevo dato, que seguramente llegue a la justicia también, que le parece voltear del todo los argumentos de Macri y su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya de por sí inverosímiles acerca de las razones para el no regreso de esos pertrechos se enviaron para el soporte de la misión del Grupo Alacrán en la Embajada de Bolivia.
El 15 de noviembre de 2019, la ex ministra de Seguridad Bullrich no sólo firmó la autorización para la salida de la misión a Bolivia, sino que puso el gancho a una exactamente igual, también destinada a proteger sedes ante hechos con posibles disturbios sociales: mandó un operativo a Chile, donde se daban protestas sociales.
Sin embargo, mientras el envío a Bolivia tenía tres escópetas capaces de disparar los 70 mil cartuchos de los cuales no volvió ni uno, a Chile se mandaron 7 de esas armas y 1.800 balas anti tumulto y retornaron todas las municiones sin usar.
Por otra parte, dado que la denuncia apuntó a los registros asentados en el sistema aduanero, queda revelarse cómo fue registrada la carga del Hércules C-130 que partió desde El Palomar para la misión en territorio boliviano y que contenía la salida "temporaria" del material bélico que había sido autorizada por ANMAC.
Al momento de los hechos, el Jefe de la Oficina Palomar era Esteban Fornes, quien por la cadena de mandos debió escalar la información respecto a lo que transportaba el avión al jefe de la Sección Operativa Aeroparque, a quien reporta Palomar, a cargo de Pablo Angrehs Melendez.
Todo está bajo la égida -para Aduanas- del Director de la Aduana de Ezeiza, con Ramiro Roibas a la cabeza. Todas estas ramificaciones y reportes escalonados se concentran en el responsable de la Subdirección General Operativa Aduanera Metropolitana que al momento de los hechos y actualmente está ocupada por Javier Zabaljáuregui. Son los funcionarios que pueden dar cuenta de cómo se hicieron las verificaciones y si existió la posibilidad de que hubiese documentos “posdatada” que agreguen una nueva irregularidad.
El problema, revelado por el mismo medio, es que el verificador especializado en electricidad completó una “observación” en la copia de papel mientras que en la versión digitalizada en Aduanas esa observación desapareció.
