Malas noticias para "Pepín", claro, pero también para Juntos por el Cambio y, particularmente, para Mauricio Macri: la jueza federal María Romilda Servini ordenó declarar en rebeldía al operador judicial del ex presidente, Fabián Rodríguez Simón, le embargó y congeló los bienes y pidió su captura nacional e internacional.
La magistrada lo dispuso en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del gobierno de Macri, ejecutadas por "Pepín", contra el Grupo Indalo, luego de que el propio Rodríguez Simón confirmara en una carta y una entrevista a LN+ que se encuentra en Uruguay, que pidió refugio político y que no volverá al país a ser indagado.
Servini recordó en el escrito que de acuerdo al testimonio del dueño del Grupo Indalo, Cristóbal López, el operador Rodríguez Simón les había manifestado las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno de Juntos por el Cambio y que en caso que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos. El mencionado empresario y su socio, Fabián de Sousa, terminaron presos.
"Además, Rodríguez Simón se quejaba de la línea editorial que tenían los medios periodísticos del Grupo Indalo, en principal el canal de televisión ´C5N`. Tales quejas – según López – también le llegaban de parte de sus socios de las empresas de juego de azar, quienes le manifestaban que los pedidos del Gobierno para aumentar las tasas e impuestos estaban motivados en ello", rememoró Servini.
La jueza dispuso oficiar al Ministerio de Seguridad de la Nación para que por su intermedio se notifique a las fuerzas de seguridad la medida y oficiar al Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina. Libró exhorto internacional en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal a efectos de solicitarle a las autoridades uruguayas que, de manera muy urgente, se proceda a la localización de Pepín y se "prohíba su salida de ese país”.
La orden de la jueza incluyó además un congelamiento sobre sus cuentas bancarias e inhibir sus bienes y se dispuso el levantamiento del secreto bancario. Se ordenó que el Director General de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación “arbitre los medios necesarios para notificar de las medidas cautelares aquí dispuestas a todos los registros asentados en el territorio nacional e identifique los bienes que posea Rodríguez Simón”.
Además, sinstó al al Presidente del Banco Central de la República Argentina Miguel Pesce que “arbitre los medios necesarios para que con carácter muy urgente libre una circular ‘d’ a todas las entidades financieras del territorio nacional”.
“Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021″, sostuvo la jueza en su resolución.
El operador presentó ante la cancillería uruguaya su pedido de refugio ante la Comisión de Refugiados (CORE) de la ACNUR con el objetivo de que le concedan asilo. Omitió un requisito fundamental de forma: por la protección a los propios interesados, “la información relativa a la solicitud es considerada confidencial. No puede ser compartida, especialmente con las autoridades del país de origen del solicitante”.
La jugada fue doblemente arriesgada si el argumento de una “persecución” incluía un supuesto riesgo de prisión preventiva. Su defensa, encabezada por el abogado Gustavo de Urquieta jamás presentó un pedido de eximición de prisión ante el juzgado de María Servini.
La defensa de "Pepín" es más que llamativa al argumentar que no se le permite defenderse y que teme ir preso. Sin embargo, la indagatoria a la que no se presentó es justamente la primera instancia de defensa.
LA CAUSA
Principalmente, se podría inferir que Rodriguez Simón se fue de la Argentina el 8 de diciembre del 2020 porque está verdaderamente complicado en el expediente. Está siendo investigado por la jueza Servini y el fiscal Guillermo Marijuan, a quien difícilmente se pueda acusar de "kirchnerista" o "integrante de Justicia Legítima", por una denuncia que promovió el empresario De Sousa cuando aún estaba detenido.
Allí se lo acusó al ex presidente Macri de encabezar una asociación ilícita que decidió desapoderarlo de sus bienes y, ante su resistencia, actuó en connivencia con la justicia para meterlo preso. Marijuan dio curso a la investigación y ordenó recolectar testimonios y pruebas. También se dispusieron cruces telefónicos.
Esa última pericia dejó en pésima situación a "Pepín". Los cruces telefónicos de Simón llegaron en marzo, cuando la jueza Servini ordenó citarlo a indagatoria, el mismo día en que Macri reaparecía con el lanzamiento de su libro “Primer Tiempo”. Aparecieron 10.738 llamadas durante tres años y medio -entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019- con un grupo de “interlocutores comunes y frecuentes”, entre ellos todos los integrantes de la "mesa judicial M". En otro expediente, el operador aparece visitando Casa Rosada y Olivos en mismas ocasiones que el mismo grupo de personas.
Además de distintos funcionarios del Gobierno Nacional, figuraban 59 comunicaciones con el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, a quien él propuso para llegar al máximo tribunal y con el que mantenía una amistad previa -el juez fue al casamiento de la hija de Rodríguez Simón, como muestra la foto de portada de esta nota-.
El análisis de las comunicaciones incluían una segunda parte con más involucrados de la causa, entre ellos Mauricio Macri. Fue una discusión compleja entre las partes hasta que la Cámara Federal entendió que se podía estudiar los telefónicos del ex presidente y otros en ciertas fechas claves que sostiene la denuncia. La defensa de Macri y otros impugnaron esa decisión pero la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el último planteo para cuestionar esa prueba.
