Las Fuerzas Armadas decidieron sus propios castigos contra aquellos jefes y oficiales a quienes consideró como posibles responsables en algún punto de la desaparición del submarino ARA San Juan a finales de 2017, pero las determinaciones que surgieron en esa instancia fueron contundentemente rechazadas por las abogadas de los familiares de los tripulantes fallecidos.
Tras cuatro meses de investigación no realizada de forma pública, el Consejo General de Guerra difundió su resolución respecto a las responsabilidades de los oficiales de la Armada en el hundimiento del Ara San Juan.
El organismo evaluó y decidió las acciones y responsabilidades del
exjefe de la Armada Marcelo Srur (45 días de arresto), del exjefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo (15 días de arresto), del exjefe de Mantenimiento y Arsenales, Eduardo Malchiodi (falta de mérito); del exjefe de Operaciones Carlos Ferraro (absuelto); el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide (destituido); como también de los oficiales en actividad capitán de navío Héctor Alonso (20 días de arresto), capitán de fragata Hugo Correa (30 días de arresto) y capitán de corbeta Jorge Sullia (absuelto).
El Consejo (perteneciente al Ministerio de Defensa) está conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea). En la presidencia, se encuentra un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ministro Agustín Rossi.
Los castigos internos determinados -que se decidieron por una vía diferente a la investigación judicial que está en curso-, según se pudo conocer esta mañana, significan una medida sin precedentes en la historia reciente de la Armada Argentina.
Sin embargo,
las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las querellas en la causa por el hundimiento del ARA San Juan, minimizaron la resolución del Consejo General de Guerra y remarcaron la necesidad de avanzar en la Justicia federal de las responsabilidades de los militares y civiles.
“Desde la querella mayoritaria expresamos nuestra inexistente expectativa respecto de lo que pudiera resolver el Consejo de Guerra”, coincidieron las letradas anta la consulta de Ámbito.
Y explicaron: “Públicamente desestimamos el instituto del Consejo de Guerra. Desde que volvió la democracia estos señores deben ser juzgados por la Justicia civil, en este caso la federal”.
Carreras, por su parte, fue mucho más allá y dijo que “no convalidaba” el Consejo de Guerra en democracia en general pero más aún en particular para lo ocurrido con el San Juan:
“No para este hecho, no a puertas cerradas. Nada de lo que hicieran sería trascendente para la causa (del fuero federal). No esperaba nada de ellos. Se ejerció la presión suficiente para que hagan esta vergüenza. Y algo más: siguen protegiendo a (Oscar) Aguad y (Mauricio) Macri”.
Es que el ex presidente Macri y el ex ministro de Defensa Aguad fueron denunciados penalmente por encubrimiento agravado del hundimiento del submarino. La razón que centralmente impulsó esa situación judicial de ambos ex funcionarios fue la declaración del procesado contraalmirante Enrique López Mazzeo ante la Justicia, quien reveló que el gobierno de Cambiemos sabía la ubicación del submarino y se lo ocultó a los familiares y a la opinión pública.
“No sorprende que hayan sido tan livianos en su dictamen porque si las defensas (de los oficiales) se centraron en culpar al comandante y la tripulación, y si el jurado fue presionado desde comunicados del Círculo Naval hasta la tapa del diario de mayor circulación, el resultado era justamente, el que se dio: nada”, expresaron.
Y agregron:
“Como comentario legal puedo asegurar que ha logrado más esta querella mayoritaria que todo el secretismo de ese Consejo de Guerra”, dijo la abogada Carreras.
“Lo peor es que se vuelve a lastimar a los familiares, una y otra vez”, agregó.
