La causa por los aprietes del gobierno de Juntos por el Cambio a la Justicia para perseguir al Grupo Indalo y así callar medios entonces opositores a través de la "mesa juidicial M" avanza y la investigación pica cada vez más cerca del propio Mauricio Macri: la jueza federal María Romilda Servini citó a indagatoria al abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, señalado como uno de los cerebros del grupo de ex funcionarios que presuntamente apretaban y dirigían a jueces y fiscales.
En concretao, el letrado amigo de Macri fue citado hoy a indagatoria por la presunta comisión del delito de asociación ilícita en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del gobierno de Cambiemos sobre los accionistas del Grupo Indalo, informó Télam según fuentes judiciales.
Servini escuchará y preguntará a "Pepín" el 26 de mayo a las 15.30. La magistrada dispuso que la declaración se lleve a cabo mediante sistema de videoconferencia -de manera audiovisual y remota-, a través de la plataforma Zoom.
La citación fue dispuesta luego de que la jueza pudiera analizar parte de la información obtenida a partir del cruce de llamadas telefónicas y que tendía a ver las comunicaciones de varios miembros de la mesa judicial del gobierno de Macri, integrada por el propio ex presidente, el ex jefe de asesores
José Torello y Rodríguez Simón, entre otros. Cabe señalar que el propio Mauricio hizo lo imposible por frenar esta pericia, pero finalmente no lo logró.
Fuentes judiciales indicaron a la agencia pública que
los informes de los cruces de llamadas, elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia, “confirmaron la hipótesis criminal”.
Este punto es central porque da el
pie a que las indagatorias llegarían hasta el propio Macri: los cruces que Servini estudió demostrarían que en los momentos en los que los denunciantes –los empresarios Fabían De Sousa y Cristóbal López- manifestaron haber sido presionados política y judicialmente se registran llamados entre los acusados y también con importantes miembros del Poder Judicial.
La investigación se abrió en 2019 por denuncia de De Sousa, uno de los dueños del Grupo Indalo y de medios como C5N y Radio 10, quién relató ante la justicia cómo comenzaron las presiones y el ahogo financiero a sus empresas cuando le respondió al gobierno del entonces presidente Macri que no pondría los medios al servicio de la persecución contra la ex mandataria Cristina Fernandez de Kirchner.
La investigación se centra en la "presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional -encabezado por Mauricio Macri- o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil", según la acusación fiscal.
En este expediente, y a instancias del fiscal
Guillermo Marijuan, ya fue citado a indagatoria, para el 23 de marzo, el ex titular de la AFIP entre 2015 y 2018
, Alberto Abad, dado que los investigadores creen que el ente recaudador fue uno de los elementos de presión que habría utilizado el gobierno de Macri sobre Indalo.
Una de las hipótesis de los investigadores en este expediente es que la AFIP, bajo la conducción de Abad, habría formulado una "falsa denuncia" en el Juzgado en lo Penal Económico 11, imputando a los titulares Indalo por el delito de insolvencia fiscal fraudulenta sin que se cumplieran con los trámites administrativos o judiciales previos.
En base a los planteos de De Sousa, promotor de la denuncia, Marijuan planteó en su momento que, "desde la entidad recaudatoria nacional, se dispuso que ya no podrían otorgarse planes de facilidades de pago con relación al tributo correspondiente a los combustibles líquidos".
"En noviembre de 2016, el titular de la AFIP dictó una disposición particular por la cual prohibió que Oil Combustibles SA pudiera acogerse a los beneficios de la Ley 27.260 que acordaba un plan de moratoria de hasta noventa cuotas mensuales", puntualizó el fiscal cuando pidió la indagatoria de Abad.
