Parece insólito que algo así pueda pasar en un país con un funcionamiento normal del Poder Judicial, pero no es sorprendente en una Argentina en las que las sospechas sobre lawfare cuentan con numerosa probatoria a su favor:
quedaron procesados contadores en Gualeguaychú, Entre Ríos, por truchar y falsificar documentos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre compras en esa ciudad endilgadas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pero que nunca realizó.
Según anticipó C5N y luego confirmó Ámbito, el proceso legal que recae sobre los especialistas contables es por el delito de adulteración dolosa de registros e informar falsamente al ente recaudador.
Como si la referencia previa al proceso de lawfare fuera poco verosimil,
el expediente que provocó la falsificación de los documentos para atacar a CFK fue impulsado por el fallecido juez de Comodoro Py Claudio Bonadio.
Es que este procesamiento es el resultado no esperado de una investigación que surgió en 2016 a partir de la disposición del "Pistolero" para comenzar con un seguimiento de todos los consumos y gastos de Cristina durante su ejerciciode la Presidencia de la Nación en el marco de la
causa Hotesur.
Las diferentes averiguaciones determinaron el ingreso de una serie de gastos por una suma mayor a los $16 millones en las arcas de la actual presidenta de la Cámara de Senadores. Tras realizar un seguimiento de una dirección IP se logró conocer que los montos, discriminados en diferentes operaciones, provenían de la ciudad entrerriana.
Con esta información, la Dirección General Impositiva (DGI) inició una investigación que desembocó en los procesamientos dictados en esta jornada sobre los contadores que se desempeñan en un estudio. Asimismo, se descubrió que los profesionales utilizan el CUIT de la expresidenta para "descargar" gastos de sus clientes.
En septiembre del año pasado, una delegación de la AFIP y de Policía Federal allanó el estudio contable de la zona céntrica de Gualeguaychú, en una causa que investiga la Justicia Federal por el delito de "Alteración dolosa de registros", tipificado en el artículo 11 del Régimen Penal Tributario.
