La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a reclamar hoy que la audiencia convocada por la Cámara Federal de Casación Penal para el próximo jueves por la causa conocida como "Dólar Futuro" sea presencial para así expresarse ante todos sobre uno de los expedientes que más exponen el lawfare en Argentina y que además sea transmitida públicamente.
El planteo fue formulado a través del abogado Carlos Beraldi, luego de que los jueces del máximo tribunal penal convocaran a una audiencia remota –y sin transmisión- para abordar los planteos de la expresidenta y del gobernador bonaerense
Axel Kicillof, quienes reclaman ser sobreseídos por inexistencia de delito.
"Reitero la solicitud de que la audiencia que tendrá lugar el próximo 4 de marzo se lleve a cabo de manera presencial, al menos respecto de las personas que así lo soliciten, tal como es el caso de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner", sostuvo Beraldi en el escrito al que accedió Télam.
"Si el acto no se lleva a cabo de manera presencial, mi parte no tomará intervención en la diligencia. Ello así, pues lo contrario importaría consentir una más de las innumerables violaciones al derecho de defensa en juicio que ya tuvieron lugar en este vergonzoso proceso", señaló.
También se refirió a la necesidad de que la audiencia pueda ser transmitida para evitar la tergiversación de su exposición y evitar situaciones de "secretismo".
"Es imperativo que la gente pueda ver de primera mano y sin intermediarios en qué consisten los conflictos que se someten ante los Tribunales, cuáles son los argumentos que presentan las partes y de qué manera tales litigios son resueltos por los jueces", sostuvo el abogado.
Cristina Kirchner y Kicillof (ministro de Economía al momento de los hechos investigados) solicitaron sus sobreseimientos cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 ratificó el año pasado que se llevaría a cabo el juicio oral.
Sus defensas sostuvieron que las pericias realizadas cuando la causa llegó al TOF 1 determinaron que la operatoria de dólar futuro era un instrumento idóneo como "herramienta de control para la estabilidad monetaria y cambiaria del país" y que no hubo perjuicio para el Estado nacional, sino, por el contrario, se produjeron ganancias.
Luego de diversas resoluciones, el caso llegó por vía de apelaciones a Casación, que convocó a las partes a una audiencia preliminar para el 1 de marzo y luego modificó la fecha de convocatoria para el 4 del mismo mes.
La causa se inició por una denuncia de diputados del PRO en octubre de 2015, quienes sostuvieron que entre agosto y noviembre de 2015 el Banco Central cerró contratos a "dólar futuro" con los cuales se habrían ejecutado supuestas maniobras anómalas.
El fallecido juez Claudio Bonadio consideró que hubo delito y procesó a Cristina, Kicillof y a exdirectores del Banco Central por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública.
