El Banco Central de la República Argentina presentó ante distintos organismos oficiales documentación vinculada con los acuerdos firmados por la Argentina con el FMI en 2018 a instancias de Mauricio Macri para que evalúe las “responsabilidades de los funcionarios que actuaron oportunamente" y se inicie así el proceso que llevará a la "querella criminal" anunciada por el presidente Alberto Fernández contra su antecesor y todos los ex funcionarios con responsabilidades económicas por ese endeudamiento y la fuga de ese megapréstamo.
La entidad monetaria pidió también “la realización de una auditoría específica” para determinar si hubo perjuicio al Estado, según un comunicado del organismo que se conoció minutos después de que finalizara el discurso del presidente Fernández ante la Asamblea Legislativa, en la que anunció que impulsará una "querella criminal" para investigar posibles delitos en el endeudamiento que tomó Macri.
La documentación aportada ante la
Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina Anticorrupción (OA) incluye el informe sobre las actuaciones tramitadas en el ex Ministerio de Hacienda y el Informe de "Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019", además de las actuaciones administrativas referenciadas y de varios expedientes tramitados en el BCRA.
En el pedido de investigación se sostuvo que en los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración Cambiemos con el FMI
“resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas” con el organismo de crédito multilateral.
Al respecto, el BCRA sostuvo que en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la “ausencia de dictamen jurídico previo” a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico, que luego "se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo".
Según el Banco Central, el dictamen posterior a la firma "no se pronuncia sobre las cuestiones medulares" que hacen referencia a
"si el Poder Ejecutivo y en especial el Ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características".
"En el segundo acuerdo con el FMI se incorporó el dictamen previo, pero sin entrar a considerar si, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, los órganos que decidieron su ampliación y tales modificaciones, estaban facultados para tomar dicha decisión", afirmó el BCRA en un comunicado.
Por otra parte,
el Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de Activos externos 2015-2019”, elaborado en marzo de 2020 concluyó que entre mayo de 2018 y octubre de 2019 el FMI desembolsó cerca de US$ 44.500 millones, fondos que junto a las reservas internacionales "abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones”.
Al respecto, el articulo VI del Convenio Constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 dice que "ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital".
"La administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas, cuantitativamente muy importante", aseguró el BCRA.
LOS QUE ESTÁN EN LA MIRA
El discurso del Presidente ante el Congreso y los posteriores documentos que el BCRA le hizo llegar a organismos de control deja, como se dice en el discurso coloquial, con la parte media trasera de su cuerpo "al norte" a varios ex funcionarios de la administración ex Cambiemos actual Juntos por el Cambio.
Es que Alberto adelantó que presentará acciones judiciales contra los ex funcionarios que endeudaron al país por USD 44.000 millones. Para avanzar con esas querellas, echará mano a la validaciónn de esos organismos.
Quienes inevitablemente quedarán en la mira de la Justicia -que ya lo están pero ahora será con el impulso del propio Poder Ejecutivo y los organismos de control competentes- son el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, el entonces presidente del Banco Central Guido Sandleris, el ex secretario de Finanzas (con un paso breve al frente de la autoridad monetaria) Luis Caputo, y, eventualmente, el propio Macri.
De esta manera, la discusión que sigue con el staff del Fondo para reestructurar esa deuda tendrá hacia adelante un componente político y judicial que limitará el reconocimiento de los ajustes propuestos habitualmente por el organismo.
"Por ese motivo, instruí que todo lo que sea objeto de denuncia e investigación en nuestro país sea puesto en conocimiento de la Oficina de Evaluación antes mencionada", ratificó Fernández ante diputados, senadores y otros invitados.
Ya hay varias acciones judiciales en distintos estamentos de la justicia federal contra el acuerdo que Macri firmó con el FMI. Algunas de ellas fueron impulsadas por integrantes del Movimiento de Empresas Recuperadas (Eduardo Murúa) y del Centro de Estudios de Integración Financiera -CINFIN-, (Eduardo Codianni).
El expediente “Codianni” lleva un año y medio en los despachos de la Corte Suprema y su núbleo es un pedido de información ante la falta de respuesta de la administración macrista. Reveló que los entonces funcionarios no respetaron la legislación y armaron expedientes y dictámenes previo a solicitar el crédito.
El caso “Murúa”, en tanto, reveló que el BCRA incumplió con su deber de estudiar cómo puede llegar a devolverse el mayor préstamo en la historia de Argentina y también del Fondo. Pidieron la nulidad, con efectos modulados, del procedimiento y las cartas suscriptas por Argentina para contraer y ampliar el crédito stand by en 2018. La ley de administración financiera le exige un dictamen previo a contraer empréstitos externos a la entidad monetaria argentina.
Por otra parte, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, y Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, denunciaron penalmente a Macri, Dujovne y Sandleris, quienes aparecen poniendo el gancho en el acuerdo Stand - By, y a otros ex funcionarios que "resulten responsables por la posible comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".
Una situación clave -e impredecible en términos de cómo podría proceder la justicia argentina y qué haría de ser convocado- para destrabar judicialmente este conflicto de intereses, como le recordó el Presidente a los legisladores, fueron las declaraciones del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone -propuesto por Donald Trump-, quien reconoció que en sus días de director del Fondo en representación del gobierno de EEUU, impulsó el otorgamiento de semejante préstamo para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección y a sabiendas de que había normas que no se estaban respetando.
