En el marco de su discurso de apertura del año legislativo en el Congreso de la Nación,
el presidente Alberto Fernández continuó con el mismo discurso crítico respecto del funcionamiento del Poder Judicial -el menos legitimado por la población según todas las encuestas- que tiene desde la campaña electoral 2019 y anunció la creación de un Tribunal Federal de Garantías, que a partir de sus competencias servirá para dirimir arbitrariedades pero en lo fáctico limitará el poder actualmente casi ilimitado de la Corte Suprema.
“El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”, aseguró el mandatario, que evaluó que es
"impostergable" el debate de una reforma judicial profunda y anunció que dialogará con los gobernadores de las provincias para impulsar la creación del mencionado Tribunal Federal de Garantías.
Este último tendrá competencia exclusivamente en temas de arbitrariedad y se podrá acceder a su intervención por vía del recurso extraordinario. Se trata, como anticiparon todos los medios y el propio jefe de Estado y sus funcionarios, de una medida de fuerte impacto político y judicial, con foco en la Corte Suprema de Justicia.
En el marco de su argumentación respecto de lo que pasa con la justicia argentina, Alberto fue muy duro, con los miembros del máximo tribunal siguiendo sus palabras de manera virtual y "ponchados" por las cámaras ante cada referencia del mandatario:
“Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”.
Según el presidente Fernández, el Tribunal Federal de Garantías tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”, indicó.
Según trascendidos previos a que se conozca el texto que irá al Parlamento,
el propósito central del nuevo tribunal intermedio sería que la Corte determine la constitucionalidad o no de los temas en litigio según se solicite su intervención, mientras que el nuevo estamento se expediría sobre las arbitrariedades que pudieran cometerse en instancias inferiores en el juzgamiento de los casos.
En el mismo sentido de esos cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia, el Presidente también le pidió al Congreso que cumpla el rol de control del Poder Judicial que tiene asignado explícitamente en la Constitución Nacional, aunque mucho no le agrade esto a algunos "constitucionalistas". “Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república”, aseguró.
También incluyó dentro de las críticas al máximo tribunal el “per saltum que le asignó extrema gravedad” al traslado de los jueces
Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, aquellos que habían sido movidos a dedo por Mauricio Macri sin concurso y arbitrariamente.
Alberto también enumeró “desvíos” alejados de lo que implican las relaciones entre la Justicia y el poder político en los que incurren los funcionarios judiciales como, entre otros, “los femicidios que se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”, las “excarcelaciones improcedentes” y “las detenciones preventivas innecesarias”.
Rodeado por la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados
Sergio Massa, Alberto pidió que se apruebe la reforma judicial sancionada por el Senado, y la modificación de la ley del Ministerio Público para designar el Procurador General de la Nación.
También anticipó además que promoverá un proyecto de ley que "reformula" el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para "despolitizar ese ámbito".
PÁRRAFO PARA EL "REBELDE" STORNELLI
Al enumerar los vicios de la Justicia, con foco en Comodoro Py y el espionaje ilegal, el jefe de Estado apuntó fuerte contra el fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa del espionaje ilegal de la banda de Marcelo D´Alessio por ese delito y por extorsión y asociación ilícita.
"En el día de hoy en el poder judicial hay un fiscal que está procesado por delitos de suma gravedad como el espionaje ilegal y la extorsión. Sigue en funciones como si nada. A ese fiscal no se le aplica esa doctrina que recomendaba detener personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Su poder no es residual, está vigente", disparó Fernández.
En ese tren de mencionar los interminables problemas que existen al interior del Poder Judicial argentino, que no se deja modificar hace años, Alberto también se hizo eco del último caso escandaloso vinculado con lo que se conoce como la "Mesa Judicial M", es decir el grupo de funcionarios de Macri que se reunían con el ex mandatario e integrantes de la Justicia para armar y dirigir causas.
"Un juez de Casación visitó a Mauricio Macri justo antes de tomar decisiones contra sus opositores", afirmó el jefe de Estado en referencia a las seis visitas del titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, que mantuvo seis encuentros personales con el líder PRO en Casa Rosada durante su mandato, que además estuvieron seguidos de fallos contra el kirchnerismo.
