En lo que en principio es una sorpresa,
el fiscal federal Carlos Stornelli imputó hoy al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós, al pedir que se investigue la presunta "privatización" de la vacunación contra el coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.
No es un detalle menor quién es el aparente impulsor de la investigación: Stornelli sigue siendo fiscal federal bajo la protección del procurador interior Eduardo Casal a pesar de que está procesado por espionaje ilegal y extorsiones, causa que tramita en el tribunal de Dolores y en la que el procesamiento de Stornelli se da entorno al espía paraestatal
Marcelo D’Alessio y donde la abogada del denunciante original es
Natalia Salvo.
¿Por qué esto no es un detalle menor? Porque la causa que se inició ayer y que ahora tiene imputados a Larreta y Quirós comenzó a partir de las denuncias que presentaron, por separado, los abogados
Yamil Castro Bianchi y Salvo. En este contexto, la estabilidad de Stornelli en el expediente no es menos que polémica.
Así las cosas, Stornelli dio impulso a dos denuncias recibidas ayer en las que se apuntó a “las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, según surge del dictamen al que acedió Télam.
Salvo se centró en la supuesta firma de convenios entre el gobierno de la Ciudad e instituciones privadas en las cuales delegó parte del plan de vacunación contra el coronavirus “otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.
Al solicitar las primeras medidas de prueba, el fiscal reprodujo la parte de la denuncia en la que la abogada Salvo aseveraba que “Horacio Rodriguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”.
La denunciante había señalado que “ésta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
Sanatorios como el Güemes, el Italiano y el Alemán ya ofrecieron a sus socios la posibilidad de inscribirse en exclusiva para recibir la vacuna. En el caso del Hospital Alemán, además, detallan a sus socios mayores de 80 años: “La vacuna que se aplicará es la Covishield. Se trata de la versión desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, producida por el Serum Institute de la India”. Es indignante la aclaración que hacían: para que los vacunen, sus socios debían serlo desde antes del 31 de diciembre del 2020, por las dudas que se hayan sumado post Covid.
Por otro lado,
el abogado Castro Bianchi también realizó una denuncia contra Larreta y Quirós. En este caso, fueron acusados de la aplicación de vacunas a "militantes de Juntos por el Cambio en una asociación vecinal de Parque Chacabuco cuya referente es una dirigente radical", según detallaron ambos denunciantes ante la consulta de la agencia Télam.
Esta denuncia refiere al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil 'Encuentro Vecinal Sur' en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría "vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos", según la denuncia presentada por el letrado.
Stornelli pidió que se hagan allanamientos en el Ministerio de Salud porteño, donde conduce Quirós, para buscar los convenios suscriptos con estos sanatorios privados y otras obras sociales, los listados de todos los lotes de vacunas que recibió Rodríguez Larreta, el detalle de qué lotes de vacunas recibió cada centro de vacunación, los registros de las dosis que se aplicaron y a quién. También habría hecho pedidos similares para el Ministerio de Salud de Nación.
Más allá del problema Stornelli, si seguirá o no y si eventualmente beneficiará a los funcionarios de JXC,
quien deberá resolver será el juez Ariel Lijo, a quien el sorteo habría dado la causa. Se trata del magistrado que hizo detener inicialmente a Amado Boudou de la mano del lawfare, en un show mediático que más que polémico debería haberle valido no menos que una causa, y quien además frena hace años el escándalo del intento de autocondonación de deuda de Mauricio Macri en la causa penal por el caso Correo Argentino.
