Día a día se conocen más novedades que suman elementos a la idea -con investigaciones judiciales vigentes- de que durante el gobierno de
Juntos por el Cambio funcionó en Casa Rosada una
"Mesa judicial M" dedicada a la persecución de la oposición.
A horas de que el diputado del Frente de Todos
Martín Soria revelara que el integrante de la Cámara Federal
Gustavo Hornos visitó a Mauricio Macri en la Casa de Gobierno en octubre de 2017 y sólo dos días después procesara a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad -flojísima de papeles y con la incorporación día a día nuevos de testigos que voltean los presuntos delitos-, el también legislador oficialista en la Cámara baja
Leopoldo Moreau disparó fuerte contra la intervención del Poder Ejecutivo sobre el Judicial durante el macrismo.
Moreau repudió las visitas de jueces al ex presidente en su propio despacho privado de la Casa Rosada y denunció que en esas reuniones que ahora salen se comprueban se podrían haber acordado embestidas judiciales contra los dirigentes opositores, principalmente sobre la actual Vicepresidenta de la Nación.
"Seguramente Macri le trasmitía al juez Gustavo Hornos las órdenes de la Mesa Judicial en Casa de Gobierno", sostuvo Moreau en diálogo con Radio 10, y recordó también que la visita del camarista no fue la única de magistrados en la Rosada, ya que pocos días después de asumir el líder PRO recibió allí mismo nada más y nada menos que al entonces titular de la Corte Suprema,
Ricardo Lorenzetti.
El legislador detalló cómo era el mecanismo para involucrar a los opositiores en causas judiciales: “Toda la información la llevaba Gustavo Arribas y la subían a la mesa judicial, en la que estaban Macri,
(Germán) Garavano, Fabián “Pepin” Rodríguez Simón. En las reuniones decidían quienes iban a ser víctimas de la persecución, ahí entraba en escena el engranaje judicial, que transmitía las órdenes para instrumentar los procesos”.
“Es obsceno lo que pasó, por eso lo que quieren parar es la investigación sobre la mesa judicial”, aseguró Moreau, en relación a los esfuerzos de los abogados defensores de Macri por frenar, entre otras cosas, pericias sobre los llamados entre los integrantes del grupo de funcionarios que participarían de la "mesa judicial M".
Según el dirigente de origen radical, "están en un problema terrible, se metieron en un embrollo descomunal que impide discernir donde hubo corrupción”.
En su opinión, “el lawfare empezó antes de que asuma Macri, lo que pasó es que antes era paraestatal y después se adueñaron de la estructura del Estado" y "al involucrar a la estructura estatal, cometieron delitos”.
